FENASEP marcha hoy por la estabilidad

Mientras la dirigencia de los empleados públicos ha convocado para la tarde de hoy una marcha hacia la Asamblea Legislativa, en defensa de su estabilidad laboral, la presidenta electa, Mireya Moscoso, comunicó que su gobierno no hará destituciones masivas, aunque sí eliminará las "botellas".
"Nosotros lo dijimos en la pasada campaña electoral, que no haríamos destituciones masivas de empleados públicos, sin embargo, sí habrá puestos que serán reemplazados por personas con capacidad y de confianza", dijo Moscoso.
"Pero los empleados públicos deben sentirse tranquilos, porque lo que sí vamos a eliminar es botellas bien pagadas que no trabajan devengando sus salarios gubernamentales", agregó.
Por su parte, el secretario de Carrera Administrativa de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), Alfredo Berrocal, dijo que la marcha de hoy, que empezará a las 4:30 p.m. en la Plaza Porras, tiene como propósito "enviar un mensaje a las autoridades salientes y entrantes, de que los trabajadores del sector público tenemos derecho a la estabilidad".
Añadió que en la protesta también se exigirá a las autoridades "el cumplimiento de convenios internacionales, que le reconocen el derecho a los trabajadores del sector público a la libertad sindical y a celebrar convenciones colectivas, en donde se pueda negociar en igualdad condiciones salariales y las prestaciones a las que tenemos derecho, como acontece en el sector privado".
Por otro lado, el dirigente de la Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá, César Díaz, indicó que la presidenta electa Mireya Moscoso podría destituir alrededor de 100 mil funcionarios estatales si no se implementa una verdadera Ley de Carrera Administrativa.
Díaz pronunció estas declaraciones durante una jornada de protesta que incluyó el cierre parcial por espacio de una hora de la Vía Bolivar.
Dijo que donde hay 145 mil empleados públicos y sólo han entrado 22 mil a la Carrera Administrativa esto significa que no hay interés de parte de los gobiernos de implementar esta disposición porque esto les impide jugar con los espacios políticos.
"Hay alrededor de 100 mil empleados públicos que no tienen en la actualidad ninguna garantía para que pueden mantenerse en su trabajo luego del 1 de septiembre", comentó Díaz.