Miembros de la Federación Nacional de Empleados Públicos (FENASEP) presentó ayer una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto No. 247 del 13 de diciembre de 1996 emitido por la Contraloría, que impide a cualquier profesional que no sea contador público autorizado ejercer las funciones de auditor.
El abogado Carlos Ayala Montero, en representación de FENASEP aseguró que amparándose en ese decreto la Dirección de la Caja de Seguro Social (CSS), ha ordenado el traslado de más de 40 personas de manera ilegal y dejado los puestos insubsistentes, creando malestar entre los funcionarios.
Montero alegó que el citado decreto viola el artículo 40 de la Constitución Nacional, que consagra la libertad de toda persona a ejercer cualquier profesión u oficio sujeta a los reglamentos que establezca la ley en los relativo a la idoneidad y colegiación.
También señala que la Carta Magna describe las funciones de la Contraloría y en ninguno de sus numerales faculta a esa instancia para exigir requisitos de profesión o idoneidad a los servidores públicos de las diversas instituciones estatales.
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