El secretario de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), Leandro Avila, advirtió ayer que a partir del miércoles reanudará las protestas por los despidos injustificados de funcionarios suscitados en las últimas semanas.
"A partir del próximo miércoles estaremos en las calles en protesta por los despidos injustificados de las últimas semanas, porque sólo en el Ministerio de Obras Públicos se han dado más de 100 despidos", acotó Avila.
De acuerdo con el funcionario, en los dos últimos días se han botado más de 100 funcionarios y sólo 50 fueron cesados en David.
Destacó que en la provincia de Chiriquí se informó que la orden era que los puestos fueran ocupados por miembros del Partido Arnulfista.
Indicó que con las rotaciones que se dieron en algunos ministerios se reiniciaron los despidos en varias instituciones del Estado, porque ya el ministro Víctor Juliao tiene el antecedente cuando estuvo a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.
Señaló que Juliao destituyó a más de 300 funcionarios del MEF y ahora está aplicando la misma política en el Ministerio de Obras Públicas donde empezó por algunos arnulfistas.
Explicó que está destituyendo a funcionarios con más de 4 ó 7 años de servicios en el MOP, y la misma medida también se está aplicando en la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) donde la semana pasada se dieron 22 destituciones.
El funcionario precisó que se espera que los despidos sigan aumentado a fin de mes cuando le paguen la segunda quincena correspondiente al mes de septiembre.
Añadió que desde el próximo miércoles la FENASEP reanudará las protestas en las calles ante los despidos que se están dando de manera indiscriminada.
Argumentó que en la actualidad los empleados destituidos no tienen dónde presentar su queja porque la aplicación de la Ley de Carrera Administrativa se encuentra suspendida por un Decreto Ejecutivo y la Junta de Apelación y Conciliación ante la renuncia de una funcionaria quedó en acefalía.
Puntualizó que a raíz de esta renuncia la Junta de Apelación no podrá dirimir ningún caso que sea presentado por los trabajadores afectados por las acciones gubernamentales.
