Integrantes del grupo estudiantil universitario FER-29, se sienten amenazados por la reciente aprobación de la Ley 50 antiterrorismo, al considerar que en ese documento se declara como terrorista a quienes cierren calles como método de protesta.
Esta declaración emitida por el dirigente Salomón Samudio, se dio luego del fallo del Juzgado Cuarto Municipal que condenó a 8 meses de prisión a dos estudiantes que el pasado 16 de diciembre de 2001 protestaban por el alza del pasaje en el servicio del transporte colectivo.
Según el dirigente, por medio de la ley se declara terrorista a todo el que pelee por sus derechos y se sanciona hasta por siete años de prisión por cerrar una calle.
"Los compañeros luchaban por evitar el alza del pasaje y vemos que las unidades de transporte no han sido reparadas y que este servicio sigue en completo desorden, hasta el punto de llegar a asesinar a personas en las calles y no hay nadie detenido", expresó Samudio".
Los estudiantes condenados responden a los nombres de Ronaldo Ortiz y Keila Cedeño. Mientras su representante legal analiza la presentación de una apelación. Miembros del grupo estudiantil anunciaron que en los próximos días se pudieran dar cierres de calles con el fin de protestar contra el fallo condenatorio.
Samudio sostuvo que esta persecución es orquestada por la Policía Nacional, el Ministerio de Gobierno y la Corte Suprema de Justicia, al buscar penalizar la protesta pública y sentar un precedente que en este país nadie salga a protestar por sus derechos, porque podría ser condenado, por lo que solicitó apoyo de los distintos grupos y organizaciones populares.
Los estudiantes fueron encausados por el delito contra la seguridad colectiva, acusación similar que se les formuló el pasado miércoles a 25 estudiantes del Artes y Oficios.
