El Juzgado Decimocuarto fijó para el próximo 28 de mayo la audiencia de fondo a tres físicos del Instituto Oncológico Nacional (ION) acusados del delito de homicidio culposo en perjuicio de 18 pacientes con cáncer pélvico, quienes fueron sobrerradiados con cobalto.
La audiencia se verificará luego que se realizara una ampliación de las sumarias, por solicitud de la defensa de los sindicados. Se argumentó que la responsabilidad se debía hacer extensiva a funcionarios administrativos del ION, que no cumplieron con su labor.
Durante el proceso, que se ha extendido por casi dos años, la mayoría de los pacientes sometidos a la sobrerradiación han fallecido y sólo permanecen con vida 10. También las pesquisas han revelado que la sobrexposición al cobalto es mortal para los pacientes.
Inicialmente se detectó que 28 pacientes con cáncer pélvico fueron sometidos a sobrerradiaciones de cobalto, cuando los físicos encargados de aplicar el tratamiento alteraron el programa de computadora de las máquinas de cobalto.
La Fiscalía Superior Especial ha sostenido que en el expediente quedó probado que los tres sindicados en este proceso introdujeron cambios al programa de computadora para la aplicación de radiaciones de cobalto no aprobadas ni consultadas con sus superiores y que finalmente tal circunstancia provocó la muerte de 18 pacientes.
En el expediente se estableció que los físicos del ION tenían a su cargo tanto el funcionamiento como la supervisión de la máquina encargada de aplicar el tratamiento de cobalto, por lo que solicitó al tribunal el encausamiento penal de los sindicados.
Fuentes ligadas a las investigaciones también señalan que hubo serias fallas administrativas en el control del proceso de aplicación de las radiaciones. El Consejo Técnico de Salud sostuvo que los físicos introdujeron cambios en el manual de procedimiento para la aplicación del cobalto a los pacientes y que la falta de control en este proceso causó la sobrexposición. En este proceso figuran como sindicados Olivia Saldaña, Alvaro Mejía y Alexis Alveo. Algunos de los pacientes recibieron dosis de cobalto de más del 50% permitido como tratamiento para el cáncer.
Explicó que los dos meses que transcurren entre la fijación de la fecha de audiencia y la realización de ésta es normal; seis jueces son suficientes para tramitar los casos. Las estadísticas al respecto indican que para el año 2002 los siete (7) Juzgados de Tránsito de Panamá y San Miguelito atendieron un total de 23,727 casos.
Según varios conductores de taxis y personas particulares que tramitan sus casos, aún la demora de dos meses les perjudica ya que en los casos en que el auto esté asegurado, los pagos correspondientes a deducible y otros gastos de hospitalización no pueden tramitarse en las compañías hasta tanto no se realice la audiencia.
Destacó Martínez que se requiere más asignación de personal administrativo para agilizar las tareas producidas por la gran cantidad de trámites producidos a partir de las audiencias. Valoró como óptimo la cantidad de jueces, la infraestructura física y la digitalización de los expedientes que tiene actualmente la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.
Al ser interrogado sobre los casos que se observan a diario de conductores (sobre todo los de buses colectivos y taxis), que acumulan hasta 15 y más boletas de citaciones ante la autoridad competente, Martínez destacó que el propio dueño del vehículo es el primero que debe preocuparse del agravante y exigirle al conductor responsabilidad en el manejo. La situación muchas veces se agrava debido a que la licencia de conducir en Panamá tiene una duración de cuatro años y muchos conductores no se preocupan por la acumulación de boletas, hasta tanto no tengan necesidad de renovar sus respectivas licencias.
Como no son dueños de los vehículos no les preocupa estar a Paz y Salvo con la institución. La morosidad que tienen los conductores es actualmente de B/ 32,000,000. Esta situación ha producido que con las reformas a la Ley 14 se haya creado la figura del Juez Ejecutor para ejercer Jurisdicción Coactiva y recuperar bienes. En la actualidad el director de la institución ha sancionado con la inhabilitación de las licencias de conducir a estas personas que acumulan infracciones de tránsito. En la pantalla del equipo de informática de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre se puede verificar la cantidad de personas en esta situación. Falta ahora ejecutar dicha situación y proceder a llevarla a cabo en las propias calles.
Agregó que otro problema que se refleja con gran intensidad es que tanto los buses colegiales como los colectivos y de equipo pesado no conducen por el carril por la mano derecha, y esto contribuye a complicar el transporte y también ocasiona muchos accidentes. En los casos de muerte por accidente de tránsito el juez penal que atiende el caso puede ordenar la suspensión de la licencia por un tiempo indeterminado y si es un caso reincidente puede proceder a la cancelación definitiva de la licencia. Algunas disposiciones del Reglamento de Tránsito son irrisibles y bastante complacientes. Tal es el caso de las sanciones por pasarse una luz roja, que es de sesenta balboas. (B/ 60.00 ). Un conductor que se pase una luz roja puede provocar la muerte al conductor de la vía contraria. Según Martínez se requiere mayor educación y conciencia por parte de la ciudadanía ante el incremento de los accidentes de tránsito.
La Ley 14 ha creado la figura del Juez Ejecutor que permite realizar el cobro coactivo a favor de la institución, ya sea por daños a la propiedad ajena o por cuentas morosas por infracciones menores, previa aprobación de la Junta Directiva.
El Juez Ejecutor es el encargado de tramitar arreglos de pago y gestionar todas las moratorias aprobadas a efecto de incentivar a los morosos a cancelar sus deudas pendientes. En la actualidad el Juez Ejecutor es Juan Carlos Yepes.
Una visita a estas instalaciones del Juez Ejecutor, que tiene que tramitar los arreglos de pago a través de la sección de Infracciones Menores, permite comprobar el purgatorio de los conductores que acuden a ventilar sus casos. Según los entrevistados las demoras son demasiadas; hay quienes llegan desde la madrugada y por espacio de tres y hasta cuatro días para lograr un cupo. Sólo se atienden 20 casos por día. El calor es sofocante; decenas de personas se aglomeran y protestan; otros se resignan y deciden sentarse en el suelo, tal es la cantidad de personas y la escasez de sillas.
Según la Juez Tercera de Tránsito, Marisela Osorio la cantidad de jueces que atienden los casos de la institución son suficientes. Abogó más bien por la disminución de los accidentes de tránsito y una mayor conciencia ciudadana. Explicó que la demora de dos meses para que los implicados en un accidente de tránsito sean llamados a juicio obedece a la cantidad de colisiones presentadas.
El volumen de atención de cada juez es considerable. Según Osorio, hay días en que se realizan hasta 50 audiencias. La solución real para disminuir la cantidad de accidentes de tránsito no es aumentar la multa sino educar al público, ya que no ha bajado el número de infracciones cometidas, por el contrario aumentan cada año. Lo que se ha logrado disminuir es el período de realización de las audiencias, pero los accidentes se incrementan día a día.
Otro problema observado en Panamá es que muchas personas se pasan las luces rojas y el público sólo atiende las disposiciones del tránsito cuando un policía hace acto de presencia. Reconoció Osorio que las leyes que regulan el tránsito en Panamá se encuentran muy dispersas, muchas de las cuales datan de 1969 y lo ideal sería que se elabore un Código de Tránsito. Según Osorio, en ocasiones, los jueces se ven obligados a aplicar las normas establecidas en el Organo Judicial, porque en la parte administrativa no dice nada al respecto.
Uno de los problemas que producen incremento de los accidentes de tránsito es la falta de señalización de las calles y las advertencias al conductor. Al respecto, Osorio indicó que es una moda por los adolescentes de decorar sus habitaciones con las señales del tránsito, lo cual vuelve imposible e incosteable que se pueda estar reponiendo de forma constante
Un problema por resolver es que diariamente se reciben en los Juzgados de Tránsito más de 1,000 partes. El volumen de casos impide que el único funcionario que atiende los casos pueda verificar el tipo de personas que serán llamados a audiencia. Sucede muchas veces que si la infracción se comete por un miembro del cuerpo diplomático, es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Con gran honestidad, la juez Osorio reveló el rostro humano de las audiencias de tránsito. Indicó que en su gran mayoría, las personas desconocen el Reglamento de Tránsito; se muestran más interesadas en los daños ocasionados a su auto y no en preocuparse por la suerte de las otras personas involucradas en el accidente. Mi carro era nuevo", declaran con gran preocupación,según Osorio. Agregó que en segundo lugar quedan las consideraciones humanas de las víctimas.
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