La disputa que mantienen los taxistas y el Gobierno va por lo largo.
Ayer, un grupo de conductores del transporte selectivo realizó una caravana desde Milla 8 hasta la sede de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATT), en Pedregal, con el fin de exigir una nueva prórroga de tres meses para cumplir con la ley.
El dirigente Eugenio Smith afirmó que una de las razones por la cual no acataron la norma fue porque las financieras no les permitían modificar sus vehículos. Advirtió que si no reciben una respuesta satisfactoria a sus peticiones, bloquearán calles desde mañana, a partir de la 10:00 a.m., lo que ocasionará tranques en toda la ciudad.
Sin embargo, tal aseveración fue desmentida por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIFI) que, en un comunicado, destacó que eso "carece de veracidad y pretende confundir a la opinión pública y a las autoridades".
El organismo aseguró que es falso que las financieras impidan a los transportistas pintar de amarillo las unidades que sirven como taxis y que aún mantienen compromisos con las instituciones crediticias.
Señalan que reafirman su compromiso, con todos sus clientes, de facilitarles el cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia de transporte público.
Protestas.
En las instalaciones de la ATTT, los transportistas mostraron signos de división y salieron a relucir calificativos de traición entre las bases y sus dirigentes.
Julio De León, dirigente de la Federación Nacional de Conductores de Taxis Pequeños (FENACOTA), consideró como “ una burla” que la ATTT los haya hecho esperar por más de tres horas para comunicarles que no eran las personas idóneas “para dar una respuesta a sus reclamaciones”.
Mientras, Marcos Mora, asesor de la institución, expresó que la acción de los taxistas es otra excusa para no cumplir con la norma que los obligaban a pintar sus vehículos.
Reiteró que no habrá prórroga porque ellos contaron con el tiempo suficiente para acatar la disposición legal, al tiempo que recordó que la actual administración extendió el plazo que vencía en agosto hasta el mes de diciembre de 2009.
Se estima que unos 15 mil taxis a nivel nacional no cumplieron con la ley y a ellos se les dio dos meses de plazo.
