La Presidencia de la República firmará un decreto de resarcimiento por el cual se concede a los miembros del Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego (COFADEPA-HG), una reparación de los daños ocasionados a los parientes de las víctimas.
Maritza Maestre, durante un piqueteo realizado ayer ante el Ministerio Público para solicitar justicia para las víctimas de la dictadura militar, alegó que en una reunión sostenida con miembros del Ejecutivo se le garantizó la firma de un decreto para indemnizar a los familiares de los desaparecidos.
Precisó que el decreto contendrá tres aspectos fundamentales para los familiares de los desaparecidos, entre los que se encuentran un proyecto de reparación por los daños ocasionados, la aplicación de justicia para los responsables de las desapariciones y la compensación material.
Destacó que la compensación material será otorgada en becas y viviendas a las personas que resultaron afectadas por la pérdida de sus familiares y que aún atraviesan serias dificultades económicas debido a estos hechos.
En tanto, el sacerdote Conrado Sanjur de la Coordinadora Popular por los Derechos Humanos (COPODEHUPA), transmitirá el reclamo de justicia al presidente electo Martín Torrijos para que se mantenga la voluntad de ubicar a los responsables de las muertes y desapariciones ocurridas.
Sanjur consideró que es una responsabilidad del Estado establecer lo sucedido con quienes murieron o desaparecieron en circunstancias aún no esclarecidas. Dijo estar consciente que la Comisión de la Verdad terminará sus funciones el próximo mes de diciembre, pero que es necesario continuar la lucha para conocer a los responsables de las desapariciones forzadas.
Por otro lado, consideró que al conmemorarse hoy 33 años de la desaparición del sacerdote Héctor Gallego, se hace necesario establecer a los autores intelectuales de su muerte.
Aseguró que durante el juicio celebrado en 1991 se condenó a quienes tuvieron una participación directa en su muerte, pero nunca se estableció quienes dieron las órdenes para su detención.
En tanto, la creación de una fiscalía especial para proseguir con las investigaciones de las desapariciones y asesinatos de la dictadura y la aprobación de una partida para otorgar una indemnización a familiares de las víctimas son también dos metas que espera alcanzar la Comisión de la Verdad, antes que concluya el mandato de la presidenta Mireya Moscoso.
Durante el oficio de una misa en la Catedral Metropolitana, que formó parte de los actos para conmemorar la "Semana del Desaparecido", Alberto Almanza detalló que la instancia ya cumplió su labor.
La fiscalía especial sólo estaría autorizada para investigar los casos de violaciones de los derechos humanos.
Almanza precisó que el informe que levantó la comisión identifica 110 casos de desaparecidos o asesinados, por ende, sería igual el número de familias que podrían recibir la indemnización en caso de ser aprobada. Otra las metas de la comisión es que se logre la partida para construir un monumento para perpetuar en la memoria de los panameños la época de los gobiernos de facto entre 1968 y 1989.
A estas iniciativas se suma la redacción de un documento que puede ser tratado en las aulas de clases para dar a conocer lo ocurrido.