El Fiscal Tercero de Colón, Víctor Barrios, presentó un apelación a la fianza de excarcelación emitida por un tribunal a favor del dirigente transportista Gilberto Soto, arrestado por presuntos delitos de hurto de autos y posesión de armas de guerra.
Inicialmente un juzgado había otorgado una fianza de excarcelación de B/.30,000 a favor de Soto y sus abogados se apersonaron para consignarla, pero el fiscal Barrios presentó la apelación e impidió que este fuera liberado.
Un grupo de transportistas acudió en la tarde de ayer a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, con el ánimo de hacer efectiva la consignación de la fianza, pero posteriormente la fiscalía presentó su apelación.
En su escrito de oposición, el fiscal Barrios manifestó, que la suma dada en concepto de fianza era muy baja, además que los delitos imputados a Soto revisten una falta grave a las leyes nacionales, por lo que es conducente mantener su arresto.
Durante un allanamiento realizado por unidades de la DIIP en la residencia de Soto en Colón, se encontró un auto robado y varias armas de guerra sin permiso. No obstante, Soto aseguró que su detención tenía un trasfondo político.
En ese sentido el director de la Policía, Carlos Barés sostuvo que las armas incautadas a Soto eran de guerra y que nadie a parte de los estamentos de seguridad del Estado, están autorizados para portar este tipo de armamento.
Según Barés tras el arresto de Soto por parte de las unidades policiales, no existe ningún trasfondo político y que los agentes policiales lo pusieron a órdenes de los funcionarios de Instrucción, y que ellos son quienes adelantan la investigación.
Trascendió que Soto se mantiene a órdenes de un juzgado y debido a que el Organo Judicial suspendió sus labores hasta el próximo jueves, el recurso no podrá ser resuelto hasta esa fecha, por lo que éste deberá mantenerse detenido.
La próxima semana la fiscalía realizará una serie de diligencias en la ciudad de Colón, para determinar si Soto mantiene alguna relación con una supuesta red robaautos que los llevan a esa provincia para desmantelarlos.
