El fiscal electoral, Gerardo Solís, se lo tomó muy tranquilo ayer cuando fue descubierto trasladándose en una moto Harley Davison para cumplir con una visita de trabajo a la Asamblea Legislativa.
Solís dijo al "Canal 4" de la televisión panameña que su acción no tiene nada de extraño "porque en Panamá tenemos los viernes tropicales, culturales, donde uno lo coge de una manera distinta".
Añadió que viajando en una moto se enfrenta de una mejor forma el tráfico en la ciudad y puede moverse más rápido.
El fiscal reconoció que "sí es peligroso" trasladarse en moto en la capital panameña, donde son muy de temer los accidentes y víctimas fatales que son ocasionados en su mayoría por los autobuses de transporte público conocidos como los "Diablos rojos".
Pero para sorpresa del periodista del "Canal 4", Solís afirmó que ha encontrado que últimamente "los conductores de autobuses y taxis tienen ahora como una cultura cívica con respecto a los conductores de moto".
El funcionario, ataviado con ropa deportiva, lentes oscuros y un casco de seguridad, tras la entrevista partió de regreso a la Fiscalía Electoral en su moto.
Para el primer adjunto de la Defensoría del Pueblo, Ricardo Vargas, a pesar de que las autoridades del centro penitenciario afirman que la atención de salud a los reos se puede brindar en las cárceles, se constató que el sistema de salud de este lugar no cuenta con el equipo indispensable para casos de emergencia y además faltan medicamentos.
Vargas explicó que Blas Julio, por ejemplo, sufre afecciones cardiacas que han motivado su traslado de urgencia a los hospitales Santo Tomás y de Chepo y en esta prisión no hay ambulancia.
El primer adjunto del Defensor del Pueblo, señaló que de acuerdo a informes proporcionados, Julio sufre de hipertensión arterial, problemas en una de sus rodillas, lo que lo ha obligado a utilizar muletas para caminar.
Adelantó que la Defensoría del Pueblo está próxima a formular unas recomendaciones al gobierno. "Nosotros no estamos en este caso para solucionar el problema jurídico, ya que eso le corresponde a los tribunales. Lo importante es que se respeten los derechos, su salud, su dignidad y que en el juicio se cumplan con todas las garantías fundamentales", señaló el funcionario.
Pidió que el Estado en su conjunto dedique mayores esfuerzos en la salud de la población penal, tal como lo establece la Ley 55, que reorganiza el sistema penitenciario.
El artículo 62 de esta ley indica: "El Estado garantizará, a través del Ministerio de Salud y en coordinación con el Ministerio de Gobierno y Justicia, que todo centro penitenciario cuente con los servicios de salud, psicología, trabajo social, psiquiatría, odontología, farmacia, laboratorio, paramédicos y ambulancia y con el personal de salud necesario.
Dijo también que corresponderá a un médico general estar al tanto de todo y sobre él pesará la responsabilidad de la salud de los privados o privadas de libertad, por medio de las clínicas penitenciarias.
"Actualmente sólo hay nueve médicos para más de 11,500 presos en todas las cárceles panameñas. El exceso de reos provoca la propagación de enfermedades. Urge que el Estado tome control de la situación".
Actualmente los comunicadores sociales Blas Julio y Alonso "Bucho" Pinzón están a la espera del veredicto del juicio celebrado por el caso de calumnia e injuria en contra del empresario Abdul Waked. Esta audiencia la efectuó el Juzgado Undécimo Penal.
Igualmente, el Juzgado Quinto de Circuito Penal está esperando que el Segundo Tribunal Superior de Justicia emita su decisión en cuanto a una apelación presentada por la defensa de los acusados para posteriormente dar la fecha del juicio por el presunto delito de extorsión.
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