U na oficina de fiscalización, auditoría, apertura de cuentas y asignación de administrativos solicitó el fiscal electoral, Boris Barrios, a la Contraloría General de la República (CGR).
En ese sentido, las peticiones de la Fiscalía Electoral se dan debido a que este organismo administrará su propio presupuesto, como lo establece el nuevo Código Electoral.
Por medio de una misiva, dirigida al contralor Carlos Vallarino, Barrios pidió a la CGR que realice una auditoría de los fondos presupuestarios de la Fiscalía Electoral utilizados hasta el 19 de junio de 2008.
Aunado a eso, se reclama una oficina de fiscalización de la CGR en la Fiscalía Electoral. Igualmente se exige la apertura de cuentas bancarias oficiales en el Banco Nacional de Panamá (BNP) y la asignación de analistas administrativos para el entrenamiento técnico de manejo presupuestario y fiscalización interna.
El fiscal en la nota señala que su institución se ha abocado a una reestructuración administrativa y, por ende, hace tales peticiones.
"Como garantes de salvaguardar los derechos políticos de todos los ciudadanos panameños, se hace necesaria la total independencia de orden económico, administrativo y funcional de la Fiscalía", agregó Barrios.
Por su parte, el ex fiscal electoral y actual magistrado del Tribunal Electoral (TE), Gerardo Solís, manifestó que obtener un presupuesto propio fue una de las aspiraciones durante su administración.
Solís dijo que al manejar un presupuesto propio la Fiscalía obtiene más independencia y fortaleza frente al TE.
"Creo que esta situación es buena para la institución, debido a que se hace más imparcial, al no depender económicamente de otros organismos, para su funcionamiento", aportó.
El ex fiscal añadió que ahora se debe trabajar para rendir cuentas claras.
La Fiscalía General Electoral cuenta con un presupuesto aproximado de B/ 1.7 millones, y dispone de 80 funcionarios especializados en las leyes electorales y en los partidos políticos.
Este organismo cumple funciones generales específicas, tales como salvaguardar los derechos políticos de todos los ciudadanos y vigilar la conducta oficial de los funcionarios. Además, perseguir los delitos y contradicciones electorales, entre otros.
