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Fiscal espera culminar en enero investigaciones contra magistrado suspendido

A principios de diciembre pasado, las diputadas y juezas de la Subcomisión de Garantías de la Asamblea Nacional de Panamá aprobaron una prórroga de dos meses en la investigación por supuesta corrupción que le sigue el órgano Legislativo al magistrado separado Moncada Luna, la cual debe culminar el próximo 20 de febrero.


El diputado fiscal panameño Pedro Miguel González, que lleva el caso contra el magistrado separado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alejandro Moncada Luna, dijo hoy que espera culminar las diligencias antes de que finalice enero para solicitar el llamamiento a juicio.

 

"Antes de que finalice el mes de enero esperamos culminar con las diligencias, y la fiscalía entrará en la fase de estructurar todo lo que es su teoría del caso para la correspondiente audiencia", señaló a los periodistas González, del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

 
 

A principios de diciembre pasado, las diputadas y juezas de la Subcomisión de Garantías de la Asamblea Nacional de Panamá aprobaron una prórroga de dos meses en la investigación por supuesta corrupción que le sigue el órgano Legislativo al magistrado separado Moncada Luna, la cual debe culminar el próximo 20 de febrero.

 

 
El grupo judicial parlamentario está compuesto por las diputadas Zulay Rodríguez, del opositor PRD, la presidenta de la subcomisión que investiga al magistrado, Katleen Levy, del oficialista Partido Panameñista, y la independiente Ana Matilde Gómez, exprocuradora de la Nación.

 

González señaló que la próxima semana se realizarán otras diligencias sobre el caso, por lo que antes de que finalice el mes de enero espera culminar con las investigaciones.

 
 

El pasado 20 de noviembre la Subcomisión Garantías de la Asamblea Nacional determinó separar provisionalmente del cargo a Moncada y confinarlo a su casa.

 

 
El expresidente de la CSJ fue imputado por la subcomisión parlamentaria de los delitos de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos y falsedad de documentos públicos.

 

Además, se le prohibió la salida del país, la obligación de mantenerse en su domicilio y ratificó la "aprehensión provisional" de dos apartamentos, uno de los cuales es la residencia del magistrado, valorado en más de 1,7 millones de dólares.

 

Al término de los dos meses de prórroga solicitados por el diputado fiscal González, la subcomisión parlamentaria determinará si las pruebas presentadas son válidas y suficientes para remitirlas a la comisión legislativa de Credenciales que decidiría si el caso va a juicio del pleno y que éste decida sobre su culpabilidad o no. 


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Fecha y hora de publicación

101 años de Panamá América

 
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