Fiscal hace llamado a juicio en casos por delitos electorales

El fiscal Electoral, Gerardo Solís, indicó que esa instancia ya remitió al Tribunal Electoral (TE) las vistas fiscales de los expedientes del Banco Hipotecario Nacional (BHN) y el de los cambios de residencia fraudulentos en el corregimiento de Ancón. Indicó que en ambos casos solicitó a los magistrados del TE el llamamiento a juicio de las personas involucradas.
También dijo que actualmente su despacho trabaja en la vista final del expediente abierto para el caso del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), por el cobro de cuotas a trabajadores de la entidad para subsidiar al colectivo político Cambio Democrático (CD). En este caso, donde la fiscalía ya había solicitado el llamamiento a juicio a dos personas, Gerardo Solís destacó que existen todas las pruebas que indican que en la entidad se cometió un delito.
Agregó que más de seis personas estarían involucradas en el dolo y que de ser encontradas culpables podrían ser condenadas a tres años de cárcel. El fiscal adelantó que recientemente se abrió una investigación contra un alcalde del Partido Revolucionario Democrático (PRD), aunque no quiso dar su nombre para no entorpecer las vistas sumariales.
Enfatizó que durante su gestión al frente de la fiscalía ha enviado aproximadamente un expediente por día y en la mayoría de los casos ha solicitado el llamamiento a juicio. Solís aclaró que cuando la Fiscalía Electoral solicita un llamamiento a juicio, ello no quiere decir que el individuo es culpable, "pero sí que hay suficientes elementos que los involucran en el delito denunciado". De acuerdo con el funcionario, depende del TE hacer los llamamientos, luego de haber evaluado los expedientes y considerar la solicitud del fiscal.
En cuanto a la denuncia hecha por la ex alcaldesa Mayín Correa contra el actual alcalde Juan Carlos Navarro, en el sentido de que éste utiliza la Alcaldía para darle trabajo a los PRD, el fiscal Solís detalló que el caso es muy similar al expediente abierto contra el ministro de Obras Públicas, Víctor Juliao, donde se le acusa de utilizar recursos del Estado para favorecer a su partido político.
Sostuvo que en ambos casos se está analizando cada nombramiento, "pero hay que tomar en cuenta que en el de la Alcaldía son cerca de dos mil personas, mientras que en el MOP son cerca de cinco mil". "Queremos conocer cuáles han sido los móviles para las contrataciones y destituciones que han hecho ambos funcionarios", acotó el fiscal Gerardo Solís a