En este caso la fiscal Maribel Cornejo también deberá esclarecer por qué no remitió el expediente a sus superiores para que se determinara cuál era la esfera competente para realizar las pesquisas.
En la denuncia presentada por la magistrada Graciela Dixon contra Cornejo, se establece que la funcionaria de instrucción conocía de las limitaciones de su cargo, debido a que entre 1991 y 1994 se desempeñó como asistente de magistrado en la Corte Suprema de Justicia.
Entre las pruebas aportadas en la denuncia se encuentra una nota en donde ésta solicita a la secretaría general de la Corte, Yanixa Yuen, un informe cronológico del movimiento que conllevó el trámite de la acción de amparo de garantías constitucionales formulada por la firma Infante y Garrido en representación de Ernesto Pérez Balladares contra la Dirección Responsabilidad Patrimonial (DRP) que le cautelaba la suma de B/.6 millones y que fue resuelto a su favor.
También existe una nota en donde Cornejo solicita a manera de préstamo el expediente del amparo antes descrito, cuando éste ya era un fallo en firme.
Ambos delincuentes, con antecedentes y oriundos de Patio Pinel y del barrio de Las Paredes (24 de diciembre), respectivamente, se resistieron al arresto.
Esto llevó a una persecución que originó que uno de los delincuentes cayera por las escaleras. Este sufrió varias fracturas, por lo que ahora se halla internado en el Hospital Santo Tomás.
