Fiscal ordena arrestar a hermanos De La Guardia

La Fiscalía Decimocuarta ordenó la detención de los directivos del Grupo ADELAG, Aquilino De La Guardia, Carlos De La Guardia y Epiménides Díaz, por el presunto delito contra la economía nacional en la quiebra fraudulenta de sus empresas.
La orden de arresto contra los tres directivos de ADELAG se realizó con fines de extradición, debido a que existen informes sobre la permanencia de éstos en el extranjero, por lo que se ha solicitado a la Interpol Panamá difundir una alerta roja para su detención.
El proceso contra los directivos de ADELAG se originó luego que la Comisión Nacional de Valores (CNV) puso en conocimiento del Ministerio Público una serie de irregularidades en el manejo de los fondos y valores de sus empresas.
La CNV solicitó a la Procuraduría de la Nación que gestionara la ubicación de los tres directivos de las empresas filiales de ADELAG que abandonaron el país, para que rindieran una declaración sobre sus actividades.
En las investigaciones adelantadas por la CNV se detectaron una serie de irregularidades en el manejo de unos B/.37 millones, que obligaron al Ministerio Público a ordenar la ejecución de una auditoría para determinar el paradero de esta suma.
Durante una investigación hecha desde el 27 de diciembre del 2001 a las empresas Financiera El Roble y Enafin Internacional, filiales de ADELAG, se determinó que éstas violaron las normas de valores, por lo que se ordenaron acciones penales.
La CNV aplicó multas a Aquilino y Carlos De La Guardia, Epiménides Díaz, Financiera El Roble y a Roxana Guerra. Las sanciones oscilaron entre los B/.200,000 y B/.300,000, pero éstas fueron apeladas por las partes afectadas.
También fue sancionada la firma de auditores Arthur Andersen con B/.100,000 por problemas con una cuenta de B/.2 millones de una compañía relacionada con el grupo ADELAG.
Según las investigaciones, se estableció que hubo un faltante de B/.37 millones en los estados de cuenta de las empresas y que allí pueden haber irregularidades de carácter penal y ello le corresponde al Ministerio Público establecerlo.