El fiscal Primero de Drogas, Javier Caraballo, solicitó reconsiderar las modificaciones a la Ley 23 de 1986 sobre bienes cautelados, porque únicamente destinaría 30% de los fondos a la Comisión Nacional de Prevención de Drogas (CONAPRED).
Para el funcionario, lo más importante es que no se "corten las venas de CONAPRED", que trabaja silenciosamente para prevenir el consumo de drogas en el país.
CONAPRED es un grupo con participación del Estado y del sector privado, que subsidia a otras organizaciones no gubernamentales (ONG) que se dedican a la rehabilitación y prevención de drogas.
Los fondos asignados fluctúan con las sentencias en los casos de bienes aprehendidos y por apoyos de ONG.
