A pesar de que la jueza Alina Hubiedo pidió al Ministerio Público (MP) que remita al Juzgado Décimo Tercero del Circuito de lo Penal, el expediente sobre el caso de la Caja de Ahorros, la fiscal Tania Sterling no ha cumplido la orden y ayer seguía indagando a varias personas.
El abogado Ramsés Barrera, defensor de Manuel Morales Diez, uno de los implicados en este caso, explicó que durante la tarde de ayer viernes, la fiscal de la causa realizó algunas diligencias, por lo cual advierte que se sigue violando el debido proceso, los plazos establecidos y la orden del tribunal.
Dentro de estas diligencias que continúan se está hablando a última hora hasta de detenciones preventivas de algunos de los implicados en este caso del préstamo de la Caja de Ahorros, dijeron fuentes bien enteradas.
La prórroga solicitada por Sterling en este expediente venció el 7 de octubre; sin embargo, cinco días después, se ordenó la conducción del presidente de NEXtv, Riccardo Francolini.
"Evidentemente, ella está incumpliendo las normas legales del debido proceso, violando así los derechos humanos de las personas", sostuvo.
Según el jurista Barrera, les corresponde a los superiores de la fiscal Sterling poner orden ante la desobediencia a la petición de la jueza Hubiedo, quien ordenó que se remita de inmediato el expediente al tribunal de la causa para ser analizado.
El Código Judicial establece que la violación al debido proceso y los derechos humanos implica responsabilidades humanas, penales y administrativa para quienes quebranten estas normas.
La fiscal Sterling podría ser sancionada con una multa irrisoria, pero generalmente no lo hacen, confirmó el abogado Ernesto Cedeño.
En un segundo incidente presentado por el abogado Aníbal Salas, la juez resalta en negrita que concluye que esta decisión no implica pronunciamiento alguno sobre la nulidad de ninguno de los elementos probatorios allegados o practicados durante la investigación, pues solo comprende disponer la remisión del expediente al tribunal de la causa.
En tanto, los abogados Carlos Carrillo y Ramsés Barrera coinciden en que dentro del debido proceso, una falla como esta se castiga con la nulidad del caso y quedan sin efecto las detenciones preventivas ordenadas fuera del término.
Carrillo adelantó que están pendiente de la solicitud de cambio de medida cautelar que se presentó hace varias semanas a favor de Francolini.
"La jueza tiene la obligación de darnos respuesta para que se cambie la medida cautelar", precisó.
Alejandro Pérez, abogado y exviceministro de Gobierno, consideró que todo este caso es parte de un aparato represivo que incluye una policía política que vigila, controla y dicta órdenes al Ministerio Público para que se armen expedientes con el afán de satisfacer los deseos de venganza política del presidente Juan Carlos Varela.
Fue enfático en señalar que haber ordenado la detención preventiva fuera de término es una conducta abusiva e ilegal, que vicia todo el proceso, pero como están las cosas en Panamá, no pasará nada, y los que están detenidos tendrán que resolver su libertad por vía de una fianza de excarcelación.
"Se han violado los términos, se viola la presunción de inocencia, se viola la confidencialidad de los expedientes, se impone una medida cautelar de detención preventiva para después negociar con ellos. Lo legal y justo es que Riccardo Francolini y Jason Pastor sean puestos en libertad", agregó.
Según Luis Eduardo Camacho, vocero del partido Cambio Democrático, la realidad es que ese expediente de la Caja de Ahorros no debería de existir porque ya los nuevos integrantes del banco han dejado claro que no existe ninguna lesión patrimonial.
"Lo que debió hacer la juez es cerrar el expediente y atender los reclamos de nulidad que han presentado las partes de la defensa", recalcó, mientras recomendó que las autoridades deberían liberar a todos los que están bajo detención preventiva.
Pérez: ‘La justicia está controlada por el Órgano Ejecutivo’
El abogado Alejandro Pérez advierte que la justicia no solamente es selectiva, sino abusiva y está totalmente controlada por el Órgano Ejecutivo por la voluntad del mandatario Juan Carlos Varela, y el brazo ejecutor de Rolando López, del Consejo de Seguridad, quien le da órdenes a la procuradora Kenia Porcell, que es un instrumento de la mal llamada justicia que existe en el país.
Considera que no solo la imagen de estas autoridades está en juego, sino que ellos tienen una responsabilidad civil penal, que cuando la ‘tortilla se voltee’, es cuando entonces pasarán de carniceros a vacas.
Agregó que estas dilaciones tienen la finalidad de crear problemas de todas maneras contra las personas que están asociadas al expresidente Ricardo Martinelli o de los exfuncionarios del pasado gobierno.
En su momento, Pérez dijo que no le quedaba duda de que en los casos se tiene metida la mano política, sobre todo, el de las personas que son críticas al gobierno del presidente Varela.
