El fiscal quinto, Geovani Olmos, pidió a la Asamblea Legislativa la agilización para la aprobación del proyecto de ley que impone penas de cárcel para quienes pongan en peligro el ambiente, la cual ya fue aprobada en primer debate.
Según Olmos, la Fiscalía Quinta, especializada en delitos ecológicos sigue con el gran obstáculo, de no tener una ley para imponer sanciones. "Necesitamos de instrumentos jurídicos más efectivos y destinados a que las acciones que afecten el ambiente sean más de carácter preventivo que eviten el daño ambiental".
Manifestó que un primer obstáculo para la aprobación de la ley, que eran algunos empresarios que se oponían a su implementación, ya fue superado, tras un consenso en el que intervino la empresa privada y la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).
Indicó que la aspiración de la Fiscalía Quinta, especializada en delitos ecológicos, es que la Asamblea Legislativa llame a sesión lo más pronto posible a los representantes del Ministerio Público para discutir el tema.
Señaló que en esta ocasión existe cierta ventaja para que se apruebe el proyecto, ya que según dijo, este fue discutido en el periodo pasado. "Confiamos que en este periodo se apruebe, así me lo han asegurado los miembros de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa", indicó el fiscal Olmos.
El proyecto sobre delitos contra el ambiente, incluye sanciones como penas de prisión e inhabilitación para realizar funciones públicas; las que se aplicarían tanto a las empresas que en algún momento dado cometan delitos que afecten al medio ambiente como a los funcionarios públicos que a través de sus posiciones contribuyan a cometer estos delitos.
Olmos enfatizó que no hay razón para que la empresa privada se oponga a la aprobación de este proyecto, ya que según dijo, cualquier actividad de una empresa que lleve al daño ambiental puede traerles problemas no sólo penales, sino también administrativos y civiles.
