Todas las solicitudes para la reapertura de casos presentadas por la Comisión de la Verdad ante la Procuraduría de la Nación han sido tramitadas, aunque corresponderá al Organo Judicial determinar si existen o no los méritos para ello, indicó la procuradora encargada, Mercedes Araúz de Grimaldo.
La funcionaria detalló que para los casos que ya fueron investigados se analizarán los fundamentos expuestos por la Comisión de la Verdad para solicitar su reapertura, que será decidida por el Organo Judicial.
"En los casos donde nunca se hicieron investigaciones se está designando al Fiscal Especial de la Procuraduría de la Nación para que analice las evidencias que se están presentando para ver si hay méritos", indicó.
Resaltó que a medida que los casos ingresan a su despacho son remitidos a la instancia correspondiente. "Si se abren o no, será facultativo de cada fiscal determinar si hay méritos para hacerlo", señaló.
Mercedes de Grimaldo manifestó que toda la información que se presente será revisada, porque así como la Comisión de la Verdad está haciendo su labor, ellos también hacen la suya.
El pasado lunes, los miembros de la Comisión de la Verdad acudieron a la sede del Ministerio Público para solicitar la reapertura de cuatros casos de personas supuestamente asesinadas por los militares que gobernaron el país durante el período dictatorial, que se extendió desde el año 1968 a 1989.
Recientemente, ese mismo organismo solicitó al Ministerio Público en la provincia de Chiriquí que reabriera otros cinco casos de personas desaparecidas y cuyos restos fueron hallados recientemente e identificados.
Lo que sucedió en Darién es inadmisible, e inaceptable que se haya dejado a la comunidad de Paya sin protección policial por más de dos años, sostuvo el alcalde del distrito capitalino, Juan Carlos Navarro.
Destacó que es una responsabilidad de las autoridades mantener la seguridad y la policía en todo el territorio nacional. Interrogado si era necesario establecer una fuerza especializada en el sector, Navarro sentenció que lo que hace falta es presencia policial, dado que la falta de protección fue lo que suscitó el incidente.
En tanto, el presidente del Concejo de Pinogana, Alvaro Bristán, expresó que "los únicos responsables de los actos de violencia en Darién son los organismos de seguridad; primero por sacar los puestos de vigilancia de Paya y Púcuru, y segundo, después de una reunión el 22 de agosto con el entonces ministro de Gobierno y Justicia, Aníbal Salas, sólo se nos recomendó como una solución al problema la instalación del programa Vecinos Vigilantes para estos pueblos.
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