El caso seguido contra el exministro de Obras Públicas Jaime Ford no solo es inhumano e injusto, sino que se basa en un informe y no en una auditoría de la Contraloría General de la República, que es el ente competente.
Miguel Batista, abogado de Ford, indicó ayer que el fundamento de la Fiscalía Anticorrupción para ordenar la detención preventiva del exministro sería un informe presentado por la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional.
Ello, pese a que el artículo 180 de la Constitución Política y la Ley Orgánica de la Contraloría General, establecen que la única entidad que puede hacer auditorías e investigación sumariales sobre actos de lesión al Estado es la propia Contraloría.
"Lo que no puede ni debe hacerse por parte de la fiscalía, y lo sabe, es decretar una indagatoria y menos una detención preventiva", señaló.
Afirmó que, incluso, se han dado tres prórrogas a la fiscalía, que solicitó un informe de la Universidad Tecnológica, pero la agencia de instrucción reconoce en el documento que falta la auditoría de la Contraloría.
