La Fiscalía Segunda Anticorrupción acogió una querella presentada por el legislador perredista Miguel Bush contra el contralor Alvin Weeden, agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI), funcionarios del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) por los presuntos delitos de abuso de autoridad y violación de domicilio.
El abogado Víctor Almengor, representante legal del legislador Bush, detalló que la querella fue acogida por el fiscal segundo Anticorrupción, Daniel Batista, y que ahora ese despacho girará una serie de citaciones para tomarle declaración indagatoria a los acusados e iniciar el proceso judicial.
Almengor precisó que la fiscalía deberá escuchar las deposiciones de los señalados para determinar si los funcionarios actuaron conforme a la ley al momento de realizar un allanamiento en la cantera La Moña, ubicada en Colón, propiedad de su cliente.
Estimó que luego del proceso penal se presentará una demanda civil por daños y perjuicios contra los funcionarios que ordenaron el cierre de la cantera sin que existiera una orden por escrito y en clara violación de lo estipulado por la ley.
A la vez detalló que existen evidencias dentro del expediente en donde se establece la no existencia de una orden de allanamiento por parte de los agentes del SPI para ingresar a la cantera e impedir las labores de los trabajadores. También detalló que la Corte Suprema de Justicia analiza la admisibilidad de un amparo de garantías constitucionales contra la orden impartida por la Contraloría que impide el funcionamiento de la cantera.
Explicó que esta orden debió ser expedida por los funcionarios del MICI y no por los magistrados de la DRP como se ejecutó. Además, estableció que los denunciados intentaron justificar la acción ejecutada mediante la presentación de una serie de documentos, que fueron elaborados después de los hechos.
Sin embargo, no hubo consenso para modificar la fórmula de nombramiento del Director General de la CSS, para que éste sea escogido por la Junta Directiva. Así como tampoco, para entregar en concesiones algunos servicios que brinda la institución.
Se acordó la creación de un Sistema Nacional de Salud y un Modelo de Atención Médica, y se agregaron algunos controles para evitar la no afiliación, la evasión y la morosidad de las empresas.
El plenario aprobó la propuesta que plantea la necesidad de la modernización del Sistema de Archivos Médicos, para disminuir la demora en la entrega de las cuadrículas médicas a los consultorios.
El nuevo Modelo de Atención establece que los pacientes tendrán la disponibilidad de escoger un médico de cabecera disponible, sin importar el área donde resida. El médico general será responsable de atender entre 2,500 a 5,000 pacientes por año. Esta cifra podrá ser diferente, según el área de trabajo.
Mientras tanto el odontólogo será responsable, el primer año, de atender 250 pacientes, a quienes tendrá que dejar en completa salud oral. También se acordó la modernización del sistema de compras, el cual debe estar todo automatizado, para que se conozcan las cantidades consumidas por cada unidad ejecutora y dentro de ella, por cada servicio.
La mesa presentó un anteproyecto de ley que tiene como objetivo modificar la norma actual que rige los Riesgos Profesionales, la cual data de la década del 70 y ha sido calificada como "obsoleta".
No obstante, esta propuesta no recibió el consenso del plenario sino que se acordó que la mesa nuevamente se reúna con los diferentes sectores para mejorarla.
El proyecto recibió el rechazo del sector empresarial, por considerarlo demasiado "oneroso" para los trabajadores, pero las críticas fueron correspondidas por los integrantes de la mesa, quienes argumentaron que ellos (empresarios) jamás participaron en las reuniones.
Algunos de los aspectos que incluye la nueva norma es que la CSS otorgue una pensión complementaria al trabajador de actividades de alto riesgo, para contribuir a su retiro anticipado, a los 50 años las mujeres y 55 años los hombres. En este último caso, las empresas ubicadas en estas actividades económicas pagarán una tarifa adicional por Riesgos Profesionales, para cubrir las mismas.
Se establece que los accidentes de trabajo, las molestias, enfermedades profesionales relacionadas con el trabajo o agravadas por éste, son de denuncia obligatoria por parte de los servicios médicos de la institución, de los públicos o privados. El incumplimiento de este artículo será sancionado.
Otra de las medidas que fue incluida es la obligatoriedad de las empresas de reponer en su ocupación habitual, al trabajador que dejó de desempeñarla por haber sufrido un accidente de trabajo, enfermedad profesional o relacionada con el trabajo, o agravada por el trabajo; siempre y cuando no sufra de invalidez permanente, ni hubiese transcurrido más de un año.
En cuanto a las sanciones, se dispuso que el patrono que retenga, oculte o adultere en cualquier forma el salario de sus trabajadores para el pago de la prima de seguro, será sancionado con multa de diez mil balboas. También cuando trate de burlar los efectos de la presente Ley, será sancionado con multa de B/.10 mil a B/.100 mil.
Algunos de los aspectos que objeta el sector empresarial es que el proyecto carece de un estudio económico, encarece la producción y "desincentiva" las inversiones.
Hasta el momento no ha habido consenso sobre las propuestas planteadas para superar el déficit actuarial de la CSS. Algunas de las mencionadas son el aumento de la edad de jubilación, disminución de la tasa salarial o disminución del 60% del salario a lo cual se tiene derecho al cumplir 15 años de cotización; incremento de la densidad de la cuota o la cantidad de años requeridos de cotización para que se tenga derecho a una jubilación y aumento en los años sobre los cuales se calcula el monto de la pensión.
También se mencionaron la diversificación de la cartera de inversiones, incrementar el retorno sobre las cotizaciones, transferir excedentes del Programa de Administración al IVM, reformar régimen de pensiones, establecer sistemas de tres pilares y el subsidio del Estado.
El próximo 18 de mayo el PNUD celebrará la última reunión de la mesa del PIVM, que deberá presentar la recomendación o propuesta final que contribuya a mejorar la situación financiera de la entidad de seguridad social. Posteriormente, el 29 concluirá el diálogo con la plenaria que aprobará el informe final.
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