El Fiscal Primero de Circuito, Manuel Succari, alegó que es ilegal el contrato por B/.100 millones que firmó el Estado con la empresa venezolana Van Dam/Sosa y Barbero para la construcción de un segundo puente sobre el Canal de Panamá.
Sucari, quien representó al Estado en el arbitraje propuesto por Van Dam/ Sosa y Barbero para el pago de una indemnización de 60 millones por la suspensión de las obras, aseguró que el contrato estaba amparado en una resolución del Consejo de Gabinete de 1980, que posteriormente fue declarada ilegal.
Precisó que a raíz de esta situación presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema Justicia para que se declare la ilegalidad del contrato suscrito por el Estado y Van Dam/Sosa y Barbero.
Según el funcionario, al ser declarada ilegal la resolución por la cual se autorizó la ejecución del contrato, éste pierde su piso jurídico y carece de validez. Agregó que los funcionarios de la época debieron convocar a una licitación pública para la construcción del puente.
Reveló que el proceso de arbitraje ya culminó, pero se tiene hasta el mes de marzo para dar la decisión.
No obstante, informó que antes de ello la Corte Suprema de Justicia deberá resolver el recurso de inconstitucionalidad presentado, en donde se determine si el contrato suscrito entre las partes es legal o no.
El proceso de arbitraje ha sufrido una serie de inconvenientes, entre los que se encuentra la falta de pago a los árbitros que han exigido honorarios por un monto de B/300,000 y que aún se desconoce qué entidad deberá cancelar.
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