La Fiscalía Auxiliar, a cargo de Dimas Guevara, tomó la investigación del traspaso de 189 hectáreas de tierras estatales dentro de la comarca Ngäbe-Buglé, que en dos rápidas transacciones quedaron a nombre de una empresa de capital costarricense, en agosto de 2010.
La información fue confirmada ayer por el procurador general de la Nación, José Ayú Prado, luego de que este diario dejara al descubierto una serie de irregularidades en el traspaso de los terrenos.
Mientras tanto, los indígenas del área empezaron a organizarse para tomar acciones y recuperar estas tierras.
La ley comarcal prohíbe la titularidad de tierras dentro de las comarcas, pero la Alcaldía del distrito de Kusapín y el Juzgado Primero de Circuito de Bocas del Toro reconocieron, en julio de 2010, a Feliciano Baker como propietario de estos terrenos.
Baker, un mes después, los vendió a la empresa Desarrollo Turístico Cañaveral por solo 65 mil dólares, afectando a un grupo de indígenas que vive allí.
Ayer, el presidente del Congreso Regional de Ñokribo, Willy Jiménez, dijo que los grupos de la comarca Ngäbe-Buglé discutirán este tema en el Congreso que tendrán el próximo 12 de octubre en Río Chiriquí. “La idea es emitir una resolución declarando la venta ilegal”, destacó.
El dirigente evitó culpar directamente al alcalde de Kusapín, Andino Archibold, por reconocer la titularidad de estas tierras a Baker.
“Posiblemente, él no investigó o lo hizo por desconocimiento de la ley comarcal. Pero estas tierras no se pueden titular”, manifestó.
También señaló que ninguna institución puede sustentar que Baker ocupó y trabajó las 189 hectáreas para reconocerle un título sobre ellas.
En su defensa, los indígenas citan un estudio tenencial de las tierras que levantó Reforma Agraria para crear la comarca y en el mismo no registra a Baker como habitante del lugar.
Johnny Guevara, cacique regional de Ñokribo (otra población indígena afectada por el traspaso de las tierras), afirmó que toda venta de tierras tiene que basarse en la Ley 10 de 1997 que creó las comarcas, de lo contrario, es ilegal.
“Verbalmente, le comunique al señor Archibold, alcalde de Kusapín, que esas tierras no se pueden vender. Que en el área hay personas viviendo que no son el señor Baker, y han ocupado ese terreno por más de 50 años”, comentó el cacique.
El Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, a cargo de Abigail Benzadón, hizo las primeras investigaciones del caso y encontró una serie de irregularidades. La semana pasada, lo trasladó al Ministerio Público
Después de tres meses de investigar, Benzadón aseveró esta semana que la compra venta de las tierras no cumplió con los requisitos.
“En virtud que los procesos sumarios de prescripción adquisitiva de dominio promovidos por Baker están tachados de ilegales, mal puede venderlas a un tercero”, concluyó .
