Fiscalía culmina investigaciones por presunto tráfico de chinos

La fiscalía de drogas culminó las investigaciones por la supuestas introducción de ciudadanos de origen chino y la venta visas a ciudadanos de ese país, dentro de las que se mencionó a la exJefa de Seguridad del Estado Samanta Smith.
Una fuente judicial reveló que el fiscal de drogas Rosendo Miranda remitió las sumarias al Procurador José Antonio Sossa para que éste las analice y se tome la decisión sobre la participación de los investigados.
La fuente reveló que las sumarias le fueron enviadas al Procurador Sossa el pasado viernes, pero que el Jefe del Ministerio Público no ha tenido tiempo de entrar a analizar las investigaciones hechas por el fiscal Miranda.
También se informó que el Procurador Sossa debe remitir las sumarias a otra fiscalía para que se tome una decisión sobre si se recomienda el llamamiento a juicio de alguno de los señalados dentro de la investigación.
A la vez se informó que durante la instrucción sumarial se ordenó la toma de una declaración jurada a Smith para conocer si realmente estuvo involucrada en el otorgamiento de visas a ciudadanos de origen chino.
En una comparecencia ante una Subcomisión del Senado de los Estados Unidos Smith aseguró que el exPresidente Pérez Balladares y su asesor particular Rómulo Abad y otros funcionarios gubernamentales conocían de concesión de las visas.
El gobierno de los Estados Unidos revocó las visas de ingreso a ese país al exDirector de Migración Germán Gill Sánchez, al exContralor Gabriel Castro, Sami Far y Samanta Smith por estar supuestamente vinculados en el otorgamiento de visas a ciudadanos de origen asiático y que luego viajaban a ese país.
Dentro del sumario instruido por el fiscal Miranda se investigó la presunta relación de los dominicanos José Polanco, Francisco Femín Ecolástico, Leo Campuzano y Eduardo Zavala con una supuesta red de traficantes de seres humanos que introducían ciudadanos de origen chino al territorio nacional.
En las investigaciones la supuesta red mantenía cuatro puntos de operación y cobraba un promedio de B/4,000 por la falsificación de los pasaportes y permiso de migración para los indocumentados. A la vez se descubrieron una serie de imprentas que se dedicaban a elaboración de los documentos falsos.