La responsabilidad que le cabe al Gobierno luego de aprobar los proyectos habitacionales en áreas inundables, debe ser investigada por la Fiscalía Anticorrupción, estimó la abogada Irma Mollick, especialista en derecho de la construcción, arquitectura e ingeniería legal.
Mollick, quien también preside esta comisión en el Colegio Nacional de Abogados, manifestó que el Ministerio Público debe investigar los procedimientos de cómo se otorgaron los permisos y a los funcionarios que tuvieron responsabilidad en este hecho.
Destacó que en el caso de Prados del Este cabe la figura del delito de corrupción de servidores públicos contra el Banco Nacional, así como de quienes finalmente estuvieron involucrados en la emisión y entrega del permiso de ocupación que le corresponde a la Dirección de Ingeniería Municipal y las entidades que integran la Ventanilla Unica.
Sostuvo la jurista que en este caso en particular cabe el delito contra la Administración Pública por parte de la entidad bancaria por comisión u omisión, al desembolsar dineros del Estado sin la previa investigación e inspección del proyecto.
En el plano civil, Mollick consideró que las promotoras tienen responsabilidad y pueden ser demandadas solidariamente con los bancos que ofrecieron las hipotecas.
