Fiscalía defenderá al Estado

EL MINISTERIO Público creará la fiscalía superior especializada en asuntos civiles, luego que el Estado tiene en su contra, demandas en trámite por más de B/. 75.9 millones.
La fiscalía que iniciará operaciones mañana, estará a cargo del fiscal Abilio Batista Domíguez, quien será el encargado de tramitar las demandas contra el Estado.
La procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, a través de la resolución No 017 del pasado 20 de marzo, ordenó la creación de la fiscalía, ante las constantes demandas civiles contra el Estado, las que han originado grandes erogaciones económicas.
En la resolución la procuradora Gómez señala que se decidió crear esta nuevo despacho judicial, tras constatar que las demandas contra el Estado no son manejadas con el rigor correspondiente.
De acuerdo con la jefa del Ministerio Público, la mayor parte de los procesos civiles se desarrollan sin que la representación de la institución demandada sea notificada formalmente de la acción propuesta.
El propio Ministerio de la Presidencia, ante las constantes demandas presentadas contra el Estado, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que se le corriera traslado de estos recursos, para poder tener participación activa en el proceso.
De hecho existe una gran preocupación por parte del Ministerio Público y el Ministerio de la Presidencia, por la falta de recursos para hacer frente las demandas presentadas.
En este caso corresponderá al fiscal superior de asuntos civiles entrar a conocer cada una de los recursos contra el Estado, por la negligencia o falta de cumplimiento de los funcionarios.
Hay demandas presentadas por situaciones que van desde el abuso policial, hasta el incumplimiento de normas y desconocimiento de la ley.
Existen demandas contra entidades desaparecidas como la Corporación Fianciera Nacional, que mantiene por los menos dos procesos, uno por B/. 3 millones y otro por B/. 1.5 millón.
Otras instituciones demandadas son la Caja de Seguro Social, la Universidad de Panamá, el Ministerio de Obras Públicas, la Contraloría General de la República y el Banco Hipotecario Nacional.

Una de las demandas alcanza la cifra de B/. 60 millones en concepto de indemnización, por expropiación.
Otra cuantiosa demanda es contra la Autoridad de Tránsito, por B/. 32 millones.
También existe un recurso presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado, cuyo monto aún no se fijado.
Los trabajadores del desaparecido Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación aún están pendientes de pago por parte del Estado, tras ganar una demanda por más B/. 17 millones. La razón: despidos injustificados.
También existen procesos contra el Estado por incumplimiento de contrato de algunas instituciones.