El fiscal Electoral, Gerardo Solís, investigará a la hija del presidente del Partido Arnulfista (PA), Germán Vergara, Luz Marina Vergara, y a otros nueve funcionarios del Gobierno, luego que estos fueran denunciados por el supuesto uso de recursos del Estado para hacer campaña política.
La denuncia fue interpuesta por el secretario del Consejo de Ética del Partido Popular (PP), José Hill, quien aseguró que los funcionarios públicos señalados, tuvieron cargos con mando y jurisdicción y renunciaron a ellos para aspirar a un puesto de elección popular, como lo exige el Tribunal Electoral.
Sin embargo, luego de la renuncia fueron nombrados en las mismas instituciones o en otras entidades gubernamentales, con contratos de asesorías y con jugosos salarios.
Según Hill, lo que se hizo fue disfrazar con contratos de asesorías para darle continuidad laboral y con recursos del Estado dedicarse a la campaña política en horas laborables a favor de partidos o de sus propias candidaturas.
"Este es un caso más en la larga lista de corrupción que ha caracterizado al Gobierno de Mireya Moscoso y de los partidos aliados", enfatizó Hill.
Entre los denunciados se encuentran la suplente a legislador Luz Marina Vergara, quien era directora ejecutiva institucional de una entidad estatal, pero que ahora tiene un contrato por B/.4 mil 500 al mes.
Iván González, presidente del PA en Veraguas, es otro de los acusados. Era director del Fondo de Inversión Social (FIS), luego fue director encargado del MOP, pero sigue en la entidad con un contrato de B/.mil 500 mensuales y aspira a ser suplente de legislador en el circuito 9-1.
Radamés Batista, hijo del viceministro de Vivienda, Gerardino Batista, es otro de los denunciados. Era subdirector de operaciones de la Lotería Nacional, pero ahora tiene un contrato por B/.2 mil al mes. Aspira a ser suplente de legislador el circuito 9-1.
Además, será investigado Dimitris Aguilar, quien fue director nacional de la Lotería, pero mantiene un contrato por B/.3 mil 200 al mes. Es candidato a representante por el MOLIRENA en el corregimiento de San Francisco.
En igual situación se encuentra Martín Sucre, quien fue el secretario general del ministro de Trabajo, Jaime Moreno, y ahora se desempeña como asesor del Despacho Superior con salario de B/.5 mil mensuales. Es candidato a suplente de legislador por el PA en Arraiján.
Según Hill, este candidato además tiene un vehículo alquilado por el Estado y un celular sin identificación que utiliza en sus actividades, además de los servicios de dos secretaria y dos conductores del ministerio.
También fue señalado Leopoldo Castillo, asesor del ministro de Trabajo, quien devenga un salario de B/.5 mil. Es candidato a legislador por el PA en el circuito 8-5.
Otro de los acusados es Abelardo Muñoz, ex subjefe de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y tiene contrato de asesor por B/.3 mil mensuales. Es candidato a legislador suplente por el PA en el circuito 8-7.
La lista incluye además a Marcelino Castillo, Vidal del Mar y Argentina Arias. En este sentido, el fiscal Electoral, Gerardo Solís, manifestó que como los señalados son candidatos a puestos de elección popular, tienen un privilegio o fuero electoral, por lo que la Fiscalía pedirá al Tribunal Electoral una autorización para iniciar la investigación.
Sostuvo que en las averiguaciones se determinará si estas personas individualmente identificadas, han sido nombradas ahora bajo el subterfugio de la figura jurídica de asesor.
"Nosotros no vamos a permitir que se trate por medios velados y ocultos de disfrazar una situación para beneficiar a una persona que está corriendo políticamente", advirtió.
Enfatizó que la investigación se hará y de comprobarse este hecho, las personas serían condenadas a la pena de prisión, separadas del cargo si resultaran electas y serían inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas para cualquier otro cargo.
Según Solís, estas situaciones están tipificadas como un delito electoral al usarse los bienes y recursos del Estado para sufragar a personas que se están dedicando a la política tiempo completo.
Al ser consultado el presidente del PA, Germán Vergara, sobre la denuncia interpuesta en contra de su hija, este se negó a responder y se limitó a decir, "a sí, está bien".
Por su parte, el ministro de Trabajo aceptó que los funcionarios señalados están cumpliendo con la ley y prefirió dejar el tema en manos del fiscal Electoral.
"Yo me siento tranquilo que no hemos violado la ley en ningún momento. Nuestros abogados antes de hacer el cambio nos informaron que no había ningún choque con la legislación electoral", enfatizó.
Según Moreno, la norma electoral es aplicable a funcionarios de mando y jurisdicción y los funcionarios señalados, como Martín Sucre, no tienen mando y jurisdicción como para poder manipular la elección.
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