Diez días después del allanamiento a la sede de la firma Mossack & Fonseca, en Panamá, la fiscalía creada para este caso procedió a realizar otra acción similar, en un local del bufete, ubicado en Parque Lefevre.
La diligencia fue encabezada por el fiscal Javier Caraballo, quien a su salida, solo se limitó a decir que se llevaron varias cajas con documentos que guardan relación con la firma de abogados.
"Hemos encontrado gran cantidad de documentación que presuntamente pertenece a la firma", fueron sus palabras.
Estos documentos serán custodiados por la Policía Nacional y serán parte del material a ser verificado por la fiscalía que adelanta la investigación, luego del escándalo mundial desatado por la filtración de la información sobre las actividades de Mossack & Fonseca.
Fueron siete vehículos los que usó el Ministerio Público para transportar las cajas con los documentos que sustrajo del local, a la vez que bolsas transparentes con papel que había sido triturado.
Esto llamó la atención de los periodistas que cubrían el allanamiento, sin embargo, la firma, posterior a la diligencia, reaccionó sobre lo que halló la fiscalía.
Según Mossack & Fonseca, todos los archivos de la firma son digitalizados, por lo que el material que encontró el Ministerio Público ya debe poseerlo, tras el allanamiento realizado el pasado 13 de abril.
La firma dio a entender que este local servía de depósito y que los papeles triturados iban a ser enviados a empresas recicladoras.
Caraballo detalló que procederán a "armar" los papeles triturados para analizar el contenido de dichos documentos.
En el primer allanamiento que se extendió por 27 horas, el fiscal Caraballo aseguró que se extrajo toda la información digital del bufete, que cuenta con casi un centenar de servidores.
Caraballo afirma que contó con la colaboración de Ramón Fonseca Mora, uno de los propietarios de la firma, aunque al inicio de la acción legal se dio a conocer que hubo cierta resistencia.
Un día antes, el 11 de abril, la Fiscalía Superior de Propiedad Intelectual realizó una inspección ocular al bufete, que denunció que su plataforma informática fue "hackeada", como inicialmente se planteó, a la hora de divulgarse la investigación internacional.
Luego de 20 días de haberse divulgado los papeles de Panamá, se sigue criticando la reacción tardía de las autoridades ante este escándalo que envuelve a Mossack & Fonseca.
El pasado miércoles se conoció que la justicia estadounidense inició una investigación criminal por este caso, designando al fiscal de Nueva York, Preet Bharara, considerado como uno de los más tenaces en los tribunales de la nación norteamericana.
Bharara solicitó la cooperación al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación -ICIJ-, coautores del trabajo informativo.
Sin embargo, ICIJ ya adelantó que no jugará ningún papel en la investigación que realiza Bharara.
El director del consorcio, Gerard Ryle, afirmó que su única tarea es el periodismo y no se convertirán en un arma de las fuerzas de seguridad.
No se ha podido establecer que Mossack & Fonseca fue ‘hackeada’
Todavía no se ha podido comprobar que los documentos de la firma Mossack & Fonseca sustraídos para dar a conocer los “papeles de Panamá”, fueron “hackeados”.
La información la dio a conocer Ricaurte González, de la Fiscalía Superior de Propiedad Intelectual, quien afirmó que hasta el momento se han realizado tres inspecciones y entrevistado a 11 personas, sin hallarse indicios del supuesto delito.
"No podemos establecer con certeza si el hecho querellado se cometió o no, el delito contra la seguridad informática", dijo el fiscal.
Existe duda en expertos en informática sobre si esta cantidad de documentos (11.5 millones) pudieron ser “hackeados”.
González informó que tiene cuatro meses para investigar la denuncia del bufete y su labor es comprobar que la información fue extraída en forma indebida.
La información de la firma, con presencia en más de 30 naciones, se remonta hasta tres décadas, cuando fue creada.
