El abogado Rafael Rodríguez, representante legal de Marco Manjarrez, asesino confeso de monseñor Jorge Altafulla, denunció ayer que la Fiscalía Cuarta Superior le impidió presentar una serie de pruebas dentro del expediente que podrían explicar la conducta de su cliente el 19 de mayo del 2002.
Señaló que entre las dificultades encontradas por la defensa está la resistencia de peritos locales en colaborar para establecer las causas de las actuaciones de su cliente. Alegó que ante ello optó por la contratación de peritos extranjeros, pero que la fiscalía no esperó su llegada al país y remitió la vista fiscal sin estas evidencias.
Rodríguez aseguró que entre las pruebas negadas por la fiscalía se encuentra una carta en donde un ciudadano solicitó a la alta jerarquía de la Iglesia Católica la anulación de su matrimonio, debido a que su esposa había mantenido un romance con monseñor Altafulla.
También dijo que otra de las pruebas negadas fue la declaración de una tercera persona que confirmaba la petición elevada ante la Iglesia Católica de la nulidad del matrimonio por las circunstancias antes explicadas.
Expresó que en la declaración indagatoria de Manjarrez se encuentra acreditado que mantuvo una fuerte discusión con monseñor Altafulla, a causa de que le exigió se hicieran públicas situaciones ocurridas a lo interno del Seminario Mayor San José, lo que molestó al sacerdote y provocó que lo agrediera.
De acuerdo con Rodríguez, no intenta manchar la memoria de monseñor Altafulla ni faltarle el respeto a la Iglesia Católica, pero se hace necesario conocer la realidad de los acontecimientos que llevaron a su cliente a cometer el crimen.
