La Fiscalía del Crimen Organizado ordenó la conducción del ex ingeniero municipal, Jaime Salas de la Cruz, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales.
También se ordenó la conducción de su cónyuge Esilda Edith Rodríguez González.
Trascendió que la Unidad de Análisis Financiero remitió un informe al Ministerio Público acerca del ex funcionario y la empresa Edificaciones Portobelo, en la que aparece como directiva Esilda Rodríguez.
Según la investigación, a través de la empresa Edificaciones Portobelo, Salas de la Cruz hacía trabajos como subcontratista a empresas que desarrollaban grandes proyectos habitacionales.
Las empresas subcontratadas giraban cheques por fuertes sumas de dinero a favor de Salas de la Cruz.
En las pesquisas se estableció que la citada empresa recibía fuertes sumas de dinero, aunque en sus declaraciones de renta siempre reportaba pérdidas.
Además, que por su infraestructura la empresa Edificaciones Portobelo no parecía estar en condiciones de cumplir con los subcontratos asignados.
Se informó que la Fiscalía Contra el Crimen Organizado practicó varios allanamientos a las residencias de presuntos testaferros del ex funcionario.
En una de ellas se capturó al administrador de Edificaciones Portobelo, y en otra, al encargado de la contabilidad.
Se informó que al analizar la razón social de la empresa, Salas de la Cruz no aparece como presidente, secretario o tesorero, pero que recibía fuertes depósitos en cheques, para cubrir supuestas actividades de las empresas subcontratadas.
Las autoridades han podido establecer que el ex Ingeniero Municipal es propietario de un auto BMW modelo X5.
También mantenía una propiedad en San Carlos, que la traspasó a nombre de Esilda Rodríguez, poco antes de abandonar el cargo de Ingeniero Municipal.
Se informó que la Fiscalía concedió medidas cautelares de impedimento de salida del país a los presuntos testaferros, que colaboraban en el manejo de la empresa y los subcontratos realizados.
El ex Ingeniero Municipal se convierte así en el primer funcionario de la pasada administración municipal en enfrentar una investigación judicial, por presuntas irregularidades.
Hasta ahora, se desconoce si la Fiscalía investiga a particulares que podrían haber participado en las empresas que eran subcontratadas para realizar los trabajos.
También se desconoce si existen reclamaciones legales por los trabajos.
