La Fiscalía Duodécima solicitó el llamamiento a juicio del empresario Jaime Cucalón por el presunto delito de falsedad de documento dentro de las sumarias instruidas por la supuesta elaboración del memorando atribuido a la Presidencia de la República, en donde se ordenaban escuchas telefónicas a un grupo de dirigentes políticos, empresarios y periodistas.
El fiscal duodécimo Víctor Barrios remitió una vista fiscal en donde se solicita el llamamiento a juicio de Cucalón por la supuesta falsificación del memorando, que luego fue remitido al secretario general del Frente Nacional contra la Corrupción, Enrique Montenegro Diviazo.
A raíz de esta investigación el Ministerio Público ordenó el arresto de Cucalón, pero éste logró consignar una fianza de excarcelación por la suma de B/.200,000 que le permitió mantener su movilidad en la ciudad capital.
Durante la investigación, unidades de la Policía Técnica Judicial (PTJ) y de la fiscalía se apersonaron a las empresas Body Color y Grupo Style para examinar un fax desde el cual supuestamente se envió el memorando falsificado con los nombres de las 117 personas a las cuales se debía pinchar los teléfonos.
Tras las diligencias realizadas por las autoridades se logró establecer que desde el citado fax se enviaron a diferentes medios de comunicación copias del documento supuestamente falsificado y que luego fue usado por Montenegro para presentar una denuncia pública.
Las pesquisas realizadas por la fiscalía incluyeron la toma de declaraciones a empleados de las empresas Body Color y el Grupo Style, quienes aceptaron que Enrique Montenegro Diviazo era un cliente asiduo de los locales.
Sin embargo, a Montenegro se le abrió un proceso separado a este expediente, que fue instruido por la Personería Quinta de Circuito por el delito de falso testimonio. Sin embargo, en este caso el juzgado que conoció la causa dictó un sobreseimiento en su favor.
No obstante, Cucalón ha negado cualquier tipo de vinculación con los hechos que se le imputan y ha señalado que las acciones en su contra carecen de fundamento legal.
El autobús de dos pisos sólo recorrió 90 kilómetros desde la ciudad de David hasta el lugar del accidente y las llantas sólo tenían un mes de uso, a pesar que su período de vida asciende de cinco a seis meses. Ortega fue claro al señalar que cada bus hace aproximadamente siete viajes de ida y vuelta por mes.
Maritza de Palma, de la aseguradora Alico, explicó que la aseguradora tenía una póliza de B/.7 mil por cada asiento y en el bus había 72 puestos asegurados de los cuales hay una indemnización para los fallecidos.
Admitió que esto conlleva un trámite legal. pero se asumirá en primer lugar los gastos funerarios de cada una de las víctimas fatales. Además, dos de las personas que fallecieron serán trasladadas a la ciudad capital.
En estos momentos hay dos personas en estado delicado que corresponde al nombre de David Aguilar y Ana Cristina Jaramillo, de un año y dos meses. En tanto, hay doce personas que aún se encuentran recluidas en el Hospital Rafael Hernández, de las 62 que sufrieron afecciones en diferentes partes del cuerpo.
Benedicto Sánchez, uno de los accidentados, recuerda con gran pánico el momento vivido donde fallecieron estas personas. Explicó que el bus llevaba las cortinas cubriendo las ventanas, cuando se escuchó la explosión de la llanta.
“En ese momento traté de ver que pasaba y se escucharon sólo los gritos de las personas cuando el bus salió de la vía y se produjo el incidente, fue algo de momento, no dio tiempo para nada”, dijo.
Agregó que él se golpeó la boca y parte de la cara, mientras que a su hijo le cayó partículas de vidrios en los ojos. Recuerda que habían muchos heridos.
