La fiscal primera anticorrupción, Rosa Pinzón, no solo pidió llamar a juicio a los nueve dirigentes sindicales involucrados en el caso de posible lesión patrimonial contra el Estado, sino que también ordenó, desde septiembre pasado, medida cautelar de notificación mensual ante la autoridad competente.
La información la confirmó el propio Guillermo Puga, uno de los nueve imputados en el caso por el supuesto peculado con fondos del Seguro Educativo.
A la petición de la fiscal hubo reacciones de los dirigentes involucrados; Saúl Méndez, del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, le llamó “saña” política a la investigación que se le sigue a dirigentes; mientras que Samuel Rivera, abogado del dirigente Mariano Mena, dice que “a todas luces es una medida caprichosa de las autoridades ”.
Guillermo Puga, de la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CGTP), consideró la medida como una persecución política por la voz de rechazo que mostraron las agrupaciones contra la desaparecida Ley 72.
“Por este caso ya se dieron las explicaciones correspondientes, y la reapertura del caso fue forzosa, sin ningún elemento adicional”, dijo.
Mientras el juez del caso resuelve la petición de la fiscal anticorrupción, en la Corte Suprema de Justicia se hace lo propio con tres recursos de hábeas corpus que presentaron los dirigentes sindicales.
Los recursos van dirigidos contra el procurador de la nación, la Fiscalía Auxiliar y la Policía Nacional.
Sobre los dos primeros recursos, le corresponderá al magistrado Aníbal Salas resolver el caso; y el último, al magistrado Harry Díaz.
