La falta de penas más severas, la ausencia de leyes que protegen a los denunciantes de posibles represalias, la poca colaboración de las instituciones públicas y excesos de fueros y privilegios, son algunos de los factores que impiden las investigaciones de las fiscalías Anticorrupción.
Durante una reunión celebrada la pasada semana entre los fiscales Anticorrupción, organizaciones de la sociedad civil y el Colegio Nacional de Abogados, se analizaron las principales dificultades para instruir los casos de corrupción.
El diagnóstico establece que el rezago tecnológico de las fiscalías es un grave impedimento para adelantar las pesquisas, ya que no se puede dar un intercambio fluido de información entre las instituciones.
Otro factor que incide negativamente en las investigaciones es la discrecionalidad en la confección de los informes de auditoría de la Contraloría. Trascendió que por lo general, estos informes no incluyen todas las etapas de las contrataciones, por lo que no cuentan con información importante pertinente a la investigación.
Deficiencias.
Esto trae como consecuencia la exclusión de algunos vinculados al delito por no encontrarse señalados en los informes. Además, existe falta de personal especializado en auditoría forense, financiera y bancaria.
Estas investigaciones requieren la colaboración de un equipo interdisciplinario completo para la instrucción adecuada de los sumarios.
A su vez, se planteó la necesidad de revisar algunas legislaciones, como la que concede exceso de fueros e inmunidades, especialmente, a nivel electoral, cuyo período de fuero es demasiado extenso.
Por otra parte, se estableció que la falta de querellantes por parte de las entidades públicas y la poca participación activa de éstas en los procesos penales, es otro factor que afecta en la instrucción de los procesos por parte de las fiscalías Anticorrupción.
Por otro lado, la imposibilidad de imponer detenciones preventivas a consecuencia de las bajas penas para estos delitos se convierte en un impedimento.
En algunos casos, sólo procede la detención preventiva en delitos con penas superiores a los cuatro años y la gran mayoría de los delitos de corrupción no supera la pena de tres años.
La sociedad civil dará un informe sobre el estado de unos 30 casos de corrupción de alto perfil, que se encuentran en trámite.
