FMI pide derogar todas las leyes especiales

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a Panamá la eliminación de todas las leyes especiales que otorgan aumentos de salario periódicos a los trabajadores del Estado, denunció el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Juan Jované.
Cumplir con una recomendación como ésta, sólo provocaría en Panamá una huelga general de los trabajadores del Estado, en rechazo a una medida que es producto de las fórmulas de las Instituciones Financieras Internacionales, ripostó el dirigente sindical, Leandro Avila.
Jované presentó ayer en una conferencia de prensa un documento fechado el 10 de julio de 2002 titulado "El FMI finaliza consulta del Artículo IV con Panamá", en el cual se exhorta a eliminar los aumentos salariales automáticos de los funcionarios.
Por medio del mismo documento, los directores del FMI "instan" a las autoridades nacionales a seguir adelante con los esfuerzos, a través del Diálogo Nacional, para implementar una reforma tributaria reduciendo las exoneraciones, fortaleciendo su aplicación y extendiendo el Impuesto Tributario Sobre Bienes Muebles (ITBM) a los servicios.
En el documento presentado por Jované, se exhorta a que el Gobierno trabaje para eliminar de manera progresiva las leyes especiales que otorgan estos aumentos a varias categorías de funcionarios.
Jované mencionó que esto demuestra que las Instituciones Financieras Internacionales no se interesan en el bienestar de la población, pues una acción como esta afectaría a los trabajadores de la Contraloría, la Caja de Seguro Social (CSS), Universidad de Panamá, los docentes, médicos y otros.
Por su parte, Leandro Avila, dirigente de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), indicó que la existencia de estas leyes especiales es la única forma de lograr un aumento para los trabajadores del Estado, pues hay más de 85 mil trabajadores que desde hace 25 años no han logrado un incremento en su salario, porque no tienen una norma como esta.
Agregó que las IFIs deben es proponer que el Estado apruebe una ley general de sueldos que beneficie a todos los funcionarios con un salario justo, lo que se propone es quitarle a los que tienen, lo cual es contraproducente para las clases más necesitadas que no tienen un padrino político.