Mientras que la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa se dispone a iniciar mañana la última semana de consultas del proyecto de ley que autoriza el uso del Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD), la presidenta del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, advirtió ayer que la falta de una política económica del gobierno mantiene al país "totalmente paralizado".
El motor de la economía está totalmente paralizado, no hay inversiones en el sector público ni privado, hay empresas que están empezando a despedir empleados, y todo por la incertidumbre que reina en el país, indicó la presidenta del PRD.
Nadie sabe qué va a suceder o cuáles son las reglas del juego y por eso todo el mundo está en espera, quieren saber qué es lo que va a hacer el gobierno que a ocho meses de su gestión, todavía no ha definido su política económica.
Se presentó un plan financiero que se fundamenta únicamente en utilizar los B/.1,300 millones del Fondo Fiduciario para el pago de la deuda externa, vender el 49% de las acciones de Cable & Wireless para obras sociales y algunas propuestas general, pero nada en concreto.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa inició desde el pasado mes de marzo el período de consultas sobre el texto del proyecto de ley que autoriza al gobierno a utilizar el capital del Fondo Fiduciario y a vender las acciones de la empresa Cable & Wireless.
Durante este período de consultas han emitido su opinión y hecho propuestas de modificación gremios empresariales, organizaciones sindicales, partidos políticos y
empresas particulares. Para esta semana se espera la comparecencia de varias personas naturales, así como líderes populares que se han mostrado interesados en opinar al respecto.
La propuesta hecha por el ex candidato presidencial, Alberto Vallarino, a nombre de la Bancada Popular y el Partido Solidaridad, es una de las que más acogida ha tenido a lo interno de la Asamblea Legislativa, al punto que los voceros del PRD adelantaron que la consideraban y viable y expresaron su disposición a buscar un consenso entre lo planteado.
Básicamente Vallarino propuso aumentar el Fondo Fiduciario de B/.1,300 a B/.2,700 con el traspaso de las acciones de la empresa telefónica Cable & Wireless y la de las compañías de energía eléctrica que posee el Estado.
Para la administración del Fondo Fiduciario, Vallarino propuso la creación de una "Junta de Síndicos", la cual estaría constituida por representantes del Estado (Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría de la República) a los cuales se sumarían representantes de los principales gremios empresariales y obreros del país, así como personas de las diferentes organizaciones de la sociedad civil.
El Fondo Fiduciario se dividiría en cuatro "subfondos" rotativos. El Fondo Rotativo de Inversión Social para la Descentralización, por medio de bonos otorgaría préstamos a municipios o instituciones del Estado, que con estos fondos desarrollarían sus proyectos.
También se crearía el Fondo Rotativo de Co-inversiones para la Generación de Empleos que serviría para cofinanciar proyectos para la generación de empleos, sobre todo a nivel de la micro, pequeña y mediana empresa.
El tercero sería el Fondo de Inversiones de Vivienda Popular, a través de bonos de garantías hipotecarias con un alto grado de inversión para personas de ingresos medios y bajos.
Finalmente se crearía el Fondo de Inversiones Sociales en Educación y Salud que se destinaría a inversiones internacionales a través de grandes empresas administradoras de fondos de inversión con un rendimiento superior al 7.5%.
Todo esto debe ir aunado a la búsqueda de mayor productividad del gasto corriente para lo cual habría que revisar los procedimientos de contratación de seguros y publicidad del gobierno, así como los gastos en materia de alquiler que pagan las instituciones oficiales, además habría que realizar una reforma para promover la equidad tributaria.
El Partido Revolucionario Democrático (PRD), hizo su propuesta, a través de su secretario general, Martín Torrijos, quien también se presentó ante la Comisión de Hacienda, ante la cual expresó su rechazo definitivo al uso del capital del Fondo Fiduciario.
Consideró que correspondía al gobierno ser más creativo y buscar alternativas para que el Fondo incrementara su rendimiento anual de un 5.6% a un 8%, lo cual daría ingresos por B/.105 millones.
En lugar de utilizar el Fondo Fiduciario, el gobierno debe usar los más de B/.1,000 millones que hay disponible con financiamiento internacional, siempre y cuando se mantengan niveles razonables de endeudamiento, planteó.
Al mismo tiempo el PRD se mostró en total desacuerdo con la venta del 49% de las acciones que posee el Estado en la empresa telefónica Cable & Wireless, al considerar que éstas van a incrementar su valor en el futuro y además sostienen que son parte del patrimonio del pueblo entero, del cual no debe deshacerse el gobierno.
El Sindicato de Trabajadores de Cable & Wireless, durante su comparecencia a la Comisión de Hacienda, coincidió con estos planteamientos del PRD, al expresar que al momento que se elimine la exclusividad en la explotación de la actividad telefónica, esta compañía se convertirá en empresa líder y por ende sus acciones van a aumentar de precio.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), a través de su propuesta se mostró partidaria de que el gobierno cumpla con los compromisos de deuda externa e interna, para lo cual considera que el Organo Ejecutivo es el llamado a negociar y contratar los empréstitos internacionales.
Insistieron en la necesidad de establecer límites de endeudamientos para éste y los futuros gobiernos, a fin de evitar el exceso de préstamos y el mal manejo de los mismos.
La Cámara de Comercio coincidió con la propuesta del gobierno de utilizar el capital del Fondo Fiduciario para el pago de la deuda, siempre y cuando se establezca como requisito previo a la recompra parcial de deuda, la autoregulación del Estado en el sentido de no generar déficits fiscales y mantener un férreo control del gasto público.
No obstante, consideran que se debe mantener un porcentaje razonable del capital del Fondo Fiduciario, una reserva de B/.200 millones para afrontar cualquier situación de emergencia nacional.
Igualmente habría que destinar parte del capital del Fondo para el fomento de actividades productivas generadoras de empleo en nuestro país, a través de la creación de una ventana de descuento para el sistema bancario nacional, administrada por el Banco Nacional de Panamá.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), se mostró a favor de la aprobación de una ley mediante la cual se establezca un tope de endeudamiento para los gobiernos, así como la necesidad de establecer una "rigurosa" disciplina fiscal.
Consideran que Panamá como país está en la obligación de cumplir con la obligación que representa la deuda externa nacional.
La Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), centró su participación ante la Comisión de Hacienda en un rechazo total a la venta del 49% de las acciones que posee el Estado en la empresa telefónica Cable & Wireless.
Leandro Avila, a nombre de esta organización, expresó que la privatización total de esta compañía podría traducirse en un incremento en las tarifas que se cobra a los usuarios y un descenso en la calidad del servicio que se presta a la población.
El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CoNATO) en su participación en el debate, advirtió que no se justifica que el gobierno pretenda destinar los B/.1,300 millones del Fondo Fiduciario al pago de la deuda, sobre todo en este año cuando más del 20% del presupuesto general del Estado se destina al pago de estos compromisos.
La principal organización obrera del país considera que este dinero debía mantenerse como hasta ahora o ser utilizado para el pago de la deuda social que el Estado mantiene con el país.
Ricardo Quijano, viceministro de Finanzas, quien ha participado en el período de consultas del proyecto de ley, insistió en que la mejor propuesta para el país es la que ha presentado el gobierno, ya que representa un ahorro de más de B/.600 millones para el país en concepto de deuda externa y además otorgaría los fondos necesarios para la inversión social que ayudaría a reactivar la economía nacional, sin necesidad de adquirir nuevos préstamos.
El proyecto presentado autoriza al Ejecutivo a utilizar el capital de B/.1,300 millones con los que cuenta el Fondo Fiduciario para la compra de B/.1,800 en concepto de bonos de la deuda externa.
A través de la misma propuesta de ley, se autoriza al gobierno a vender el 49% de las acciones de la empresa Cable & Wireless, lo cual podría generar ingresos superiores a los B/.700 millones que serían utilizados en inversión social.
Quijano expresó que el gobierno está de acuerdo con la propuesta de establecer un tope en el endeudamiento, como signo de garantía de que la pretensión de la actual administración no es volver a endeudar al país.
Añadió además que el gobierno está en plena disposición de discutir y acoger todas las propuestas que han sido presentadas ante la Comisión de Hacienda, pero que finalmente serán los legisladores quienes decidan.
