La procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, aseguró ayer que aun no ha recibido ninguna petición para determinar la viabilidad legal sobre la decisión del Gobierno de traspasar al Tesoro Nacional 57 millones de balboas, provenientes de un proceso de recapitalización de la empresa de distribución eléctrica Unión Fenosa y que según opositores debió ir al Fondo Fiduciario. Señaló que a pesar de algunos políticos aseguraron que elevarían la consulta a su despacho, aún no la ha recibido, pero enfatizó que tan pronto sea recibida procederá a hacer un estudio del tema para presentar su opinión.
Aseveró que la Procuraduría de la Administración, luego de elevada la consulta, tiene la potestad de emitir su consejo jurídico sobre la viabilidad de algunas decisiones que funcionarios deben tomar, pero primero dijo, hay que hacer el estudio, la evaluación y la recomendación que se considere pertinente.
La procuradora también se refirió a la solicitud de algunos funcionarios públicos de que se amplíe a dos años más el periodo de gracia para las jubilaciones especiales, aseverando que a pesar de que existe una ley que establece una fecha tope, ésta se puede reformar, derogar e incluso adicionar.
En este caso dijo, los servidores que tienen leyes especiales y que piden que se prorrogue ese plazo, deben solicitarlo a la Asamblea. "Eso es responsabilidad de la Asamblea y tendría que ser reformado por ellos. Como está de por medio el aspecto económico, va a depender de los cálculos actuariales para considerar la posibilidad de que esto sea viable".
Montenegro de Fletcher se refirió también a la disyuntiva que existe en los centros penitenciarios del país en torno a quien debe ejercer la autoridad, asegurando que en la revisión que se debe hacer del sistema penitenciario, hay que evaluar si la custodia de los detenidos debería estar a cargo de la Policía Nacional o de un cuerpo especializado.
"Nosotros en las opiniones que hemos dado sobre este tema hemos sugerido que la participación de un cuerpo especializado de custodios debe ser considerada, para evitar que personas que no estén capacitadas para ejercer ese cargo de custodio, lo estén haciendo con deficiencia", enfatizó.
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