Washington.- El embajador de Panamá, Guillermo Ford Boyd, se expresó "muy satisfecho" ayer con el reconocimiento que el gobierno de Estados Unidos tuvo para los esfuerzos de su gobierno en la campaña hemisférica contra el narcotráfico, aunque tuvo reservas ante el proceso de la "certificación".
Por eso, el diplomático vio como "muy positivo" la decisión del presidente George W. Bush de interceder ante el Congreso para que sustituya la práctica unilateral por un proceso multilateral como el que ha sido adoptado por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
"Considero, aun cuando hay severas críticas al proceso de certificación implantado por Estados Unidos, que no podemos dejar de reconocer el esfuerzo que ha hecho el gobierno de Panamá y sobre todo las instituciones públicas encargadas del control del trasiego de estupefacientes por el istmo", declaró Ford.
No obstante, Ford, así como otros diplomáticos centroamericanos, consideraron "injustas" las críticas vertidas contra los servicios de seguridad y los poderes judiciales, sin especificar cargos.
En el caso de Panamá, por ejemplo, el informe, además de reconocer de que el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso "sigue demostrando su voluntad de combatir el narcotráfico, el lavado de dinero y otros delitos transnacionales", señala que "la corrupción a niveles de funcionarios menores, que frecuentemente no es publicitada, es un impedimento para los
esfuerzos antidrogas".
"A pesar de que a nivel oficial se desalienta la corrupción relacionada al narcotráfico, la ineficaz aplicación de la ley permite que mucho quede sin castigo", dice el informe.
"Estos factores inherentemente promueven la corrupción individual y crean un reto para la creación de investigaciones de largo plazo contra los más altos jefes involucrados en el narcotráfico y el lavado de dinero".
Eso dicho, el informe destaca que la colaboración del gobierno de Moscoso "ha mejorado de manera significativa" desde que asumió el poder.
En la introducción, el documento repite las estrofas que igualmente abrieron los informes pasados, señalando que por su posición geográfica, Panamá es "vulnerable" como punto de trasiego para el narcotráfico proveniente de Sudamérica y que es "embalado" en su territorio para ser enviado al Norte.
Referente al proceso de "certificación" en el Congreso, hay señales de que la nueva orientación propuesta por Bush ya empieza a tener resonancia.
Durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado el jueves, el senador demócrata Christopher Dodd, propuso establecer una moratoria de dos años al proceso actual "para permitir al presidente que desarrolle algunas alternativas"
La certificación no ha resultado ser un "curalotodo" para el problema de la drogadicción en Estados Unidos, resaltó Dodd durante una audiencia en la que el comité tomó declaraciones de Randy Beers, el encargado del Departamento de Estado para la lucha antidrogas.
Beers, sin embargo, defendió el proceso actual, aunque reconoció que el gobierno "está abierto a nuevas propuestas". Cualquier alternativa, enfatizó, "debe venir acompañada por un mecanismo de coacción para asegurar la continua cooperación internacional", declaró.
En caso de que se suspenda a un país por incumplimiento, añadió, el presidente debiera retener las facultades para aplicarle sanciones. Esto daría más fuerza al Mecanismo Multilateral de Evaluación, pues opera en la OEA.
En tanto, en Panamá, el presidente de la Democracia Cristiana, Rubén Arosemena, también rechazó las acusaciones de corrupción que se hacen al Organo Judicial panameño y recomendó al gobierno que desarrolle su propia agenda de acuerdo a las necesidades del país, sin tomar en cuenta la certificación que otorga Estados Unidos.
Dijo que no se conoce cuáles son los criterios que utilizan los norteamericanos para certificar o descertificar a un país en su lucha contra el tráfico ilegal de drogas.
A juicio del legislador hay que tomar en cuenta que de acuerdo a las circunstancias y las limitaciones presupuestarias que tiene el Organo Judicial, se hacen los esfuerzos por brindar la atención y el servicio que exige el país.
No obstante, Estados Unidos siempre busca la forma de hacer ver que no se cumple con algunos requerimientos que no se sabe quién los importa, solamente que hay que tomar en cuenta que Estados Unidos quiere hacer valer un papel de tutor internacional.
Hace unos meses era que no se colaboraba lo suficiente en la lucha contra el lavado de dinero internacional, lo cual obligó a las autoridades nacionales aprobar nuevas leyes, ahora el asunto es que hay corrupción en las autoridades judiciales.
Lo que tienen que ver los estados que reciben o niegan las certificaciones es que Estados Unidos está "metiendo sus narices" en temas que corresponden netamente a cada una de estas naciones.
Ante tal situación, el político recomienda al Estado panameño que defina su propia agenda y desarrolle sus acciones de acuerdo a lo que considera que debe ser su actuación o el papel que debe jugar en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero internacional.
Continuar nuestra propia agenda de estado y saber de acuerdo a nuestras prioridades saber cuáles son nuestras necesidades.
Por su parte, el director de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Emilio De León, negó las acusaciones de corrupción formuladas contra los estamentos de investigaciones y aseguró que aquí se trabaja independientemente de una certificación.
De León planteó que la PTJ y la Policía Nacional ejecutan sus esfuerzos de lucha contra el tráfico de drogas y el lavado de dinero, no por un reconocimiento de un gobierno extranjero, sino por sacar de circulación los cargamentos de droga.
Aseguró que los comentarios de autoridades extranjeras sobre el trabajo ejecutado aquí no tienen mayor incidencia, y que el trabajo se seguirá realizando de la mejor forma posible sin depender de este tipo de verificaciones.
Según el jefe de la PTJ, la certificación se convierte en un reconocimiento de la labor efectuada por los organismos de seguridad. Agregó que las acusaciones sobre corrupción dentro de los organismos policiales son injustas.
Alegó que existen casos esporádicos en donde se descubren unidades involucradas en la comisión de actos ilegales, pero que éstos son la minoría, comparados con el resto del personal que ejecuta una labor profesional.
Las cifras estadísticas indican que durante el presente año se ha decomisado más de media tonelada de cocaína y marihuana en diversas operaciones realizadas en todo el territorio nacional. También se ha incautado una gran cantidad de heroína.
Por otro lado, ambas Fiscalías de Droga lograron más del 60% de las condenas en los procesos judiciales, llegados a esos despachos y registran el índice más elevado de entrada de negocios a nivel nacional.
Informes de inteligencia señalan que los carteles de la droga han desviado su ruta de Panamá, por los constantes decomisos ejecutados en los últimos tres años en donde se lograron incautar más de 20 toneladas de estupefacientes.
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