Formalismo en procesos de custodia

PARA NADIE es un secreto que la violencia doméstica es un fenómeno social que trae consigo pobreza, desempleo y marcas indelebles a la niñez. Lo mismo ocurre cuando los menores están al centro de las disputas de sus progenitores.
Semanalmente en los Juzgados Seccionales de Familia se reciben entre 50 y 60 demandas relacionadas con divorcios, reglamentación de visitas y procesos de guarda y crianza.
Corina Cano, abogada y mediadora de conflictos, lo vive a diario. Aunque es consciente de que Panamá cuenta con legislaciones y convenios internaciones para proteger a los menores de esta conducta social, reconoce que "aún hay mucha tela que cortar".
Comprometida con los derechos de la infancia y adolescencia, cuestiona el exceso de formalismo que en "muchas ocasiones afecta que un niño o niña pueda compartir con su mamá y papá en forma armónica y libre, precisamente porque en los Tribunales no se le da la celeridad que se le debiera dar a la reglamentación de visitas", asegura.
Cuidando no invadir un terreno que no le compete, Cano sugiere a los jueces entablar el diálogo entre los padres, para que comprendan sus responsabilidades ante sus vástagos.
"Si hubiese un tema más de búsqueda para el bienestar de los niños, entonces estaríamos velando por el respeto de los derechos de los menores", agrega.
La jurista sabe que hay trámites legales que se deben cumplir, como la notificación a las partes, pero mientras el tiempo transcurre no hay que olvidar a los niños de por medio, quienes no propiciaron la separación de sus padres.
Cano asegura que en el "ojo de la tormenta" algunos de los padres en pleno proceso de divorcio, levanta alguna denuncia y el Tribunal, en apego a las leyes, la asume con exceso de formalismo, prolongando un pleito que de por sí es difícil para los menores.
En un futuro próximo, la agilización de la reglamentación de visitas y la atención integral de las demandas podrían ser agilizadas.
Al menos eso esperan los miembros del Consejo Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia, conformado por entidades gubernamentales y organismos internacionales, cuyos miembros buscan la aprobación de un Código de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.
La iniciativa es por ahora un anteproyecto de ley, que espera la aprobación de la ministra de Desarrollo Social, María Roquebert, para luego ser llevado a la Asamblea Nacional de Diputados.
En enero se espera que llegue al pleno para lograr un instrumento jurídico más a favor de nuestra infancia.
Cano, por parte del Colegio de Abogados, propuso mantener una tabla de evaluación de los gastos de los niños, pero la solicitud no tuvo consenso.