La inversión que hizo el Estado para reactivar los aviones de fabricación chilena "Pillán", que hoy serán entregados a la presidenta Mireya Moscoso, no rendirá los frutos esperados, pues estos son utilizados para la instrucción de pilotos de guerra y no sirven para operativos de reconocimiento ni vigilancia contra el narcotráfico y la guerrilla, según consideraron fuentes vinculadas a la actividad de la aviación.
La aeronave tipo "Pillán", aparato monomotor con dos plazas, no sirve para realizar operaciones de vigilancia en alta mar, pues por disposiciones aeronáuticas sólo pueden volar a diez millas de la costa, lo que imposibilita las inspecciones contra los narcotraficantes, porque éstos operan a 50 o más millas.
Ante las versiones surgidas en torno a la reactivación de una flota de siete aparatos de este tipo, el último director uniformado de la institución, Rubén Argüelles, confirmó que existen disposiciones aeronáuticas que prohíben que los aviones de un solo motor se alejen a cierta distancia de las costas.
Recordó que durante la administración de Ernesto Pérez Balladares se había decidido vender los siete aviones "Pillán" que estaban inoperantes a la empresa chilena ENAER, que es su fabricante, y que estaba interesada en adquirirlos para repararlos y ponerlos al servicio de la instrucción militar de sus pilotos.
Recuerda que en aquella oportunidad ENAER ofreció pagar B/.52,000 por cada aparato, más B/.235,000 por un depósito de repuestos, lo que daba una cifra cerca de los B/. 590,000, sin embargo, posteriormente las autoridades panameñas lograron que la compañía aumentara la oferta a B/.750.000.
Para el exdirector del SAN, le resultó sorpresivo que adoptara la decisión de invertir más de un millón de balboas en la reactivación de estas naves que no le rendirán ningún fruto al SAN, porque no son aptos para realizar tareas ni de patrullaje ni de rescate.
A juicio de Argüelles, la presidenta Moscoso fue engañada por quienes le recomendaron invertir en la reactivación de los aviones Pillán T35, que son naves primarias de entrenamiento para los futuros pilotos de naves más sofisticadas.
Los miembros de esta mesa recomiendan la atención de grupos con características especiales con la creación de un Centro de Estudio, Diagnóstico y de Servicio Especializado a las personas de inteligencia superior (niños y niñas de 4-18 años).
Sostienen que estos alumnos también necesitan atención especial para ayudarlos a encausar sus grandes habilidades, evitando así "pérdidas de cerebros" por falta de educación apropiada para ellos. Además, sugieren como política para la educación de jóvenes y adultos la "capacitación laboral" que permita mejorar la calidad de vida en electricidad, informática, belleza, modistería, manualidades, madera, violín, confección de vestidos típicos, confección de bloques, artesanías y otros. La educación para jóvenes y adultos hará uso de la educación presencial, semipresencial y a distancia, la cual se ofrecerá a través de la radio, prensa, televisión e Internet.
Otros aspectos que sugieren es la "educación bilingüe intercultural" para los pueblos indígenas, ofreciendo incentivos monetarios y no monetarios para los docentes que trabajan en las áreas indígenas. Del mismo modo, resaltan la importancia de establecer escuelas agroforestales, formación técnica agrícolas, pesquera, agroindustrias y vocacional.
Dentro de ese plan de desarrollo de los corregimientos o zonas escolares, se propone la creación de granjas integrales o huertos escolares que integren a varias escuelas, para mejorar el nivel alimentario y sirvan de apoyo para alcanzar la autosuficiencia del establecimiento y futuras microempresas.
Asimismo, se destaca la importancia de promover el reemplazo de las escuelas multigrado por Centros de Educación Básica General con internados integrados a granjas sostenibles, de forma tal que los estudiantes de áreas campesinas, rurales y urbano marginales que tengan interés en asistir a la secundaria y la universidad, y no cuenten con recursos para hacerlo, puedan tener acceso a préstamos que cubran sus colegiaturas y gastos de alimentación, transporte y vivienda.
Los beneficiarios de estos préstamos tendrán derecho a la cancelación de un 25% de su préstamo por cada año que presten sus servicios en su comunidad de origen, concluyeron los miembros de esta mesa del diálogo educativo.
