REPRESENTANTES LEGALES del consorcio Ferdinand de Lesseps, que reclama una indemnización por B/.32 millones debido al retiro de la concesión para construir una terminal de transporte en Colón, pedirán a la Cámara de Senadores de Francia bloquear al Estado panameño ante los organismos financieros internacionales.
Al no llegar a un "acuerdo amistoso" con el Estado panameño, Laurent Parienti, a quien se le otorgó en el 2002 la mencionada concesión, dijo que en 48 horas elevarán la solicitud formal a los 12 senadores franceses dedicados a defender los intereses de sus ciudadanos en el extranjero.
Además, enviarán una comunicación a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), al Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a la calificadora de riesgo Standard and Poor´s, donde señalan que el Gobierno panameño no ha querido respetar el laudo arbitral que falló a su favor.
"Voy a decir todo lo que está ocurriendo acá y esto será una mala imagen para la inversión económica extranjera", sostuvo Parienti ayer a Panamá América.
El francés pretende invocar la Convención de Viena sobre el derecho de tratados para presionar al Estado panameño a ceñirse al reglamento de arbitrajes de la CNUDMI.
Según Parienti, este reglamento en su artículo 30 establece que "se considera que la parte que siga adelante con el arbitraje sabiendo que no se ha cumplido alguna disposición, sin expresar prontamente su objeción, renuncia a su derecho de objetar".
Agregó que el documento asimismo establece en su artículo 32, que el laudo arbitral será definitivo, inapelable y obligatorio para las partes.
Sostuvo que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados señala en su artículo 27 que "una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado".
"Yo estaba muy dispuesto y abierto a dialogar, pero con esta persecución que estoy pasando, ya no, ya no puede haber solución amigable", advirtió.
En cuanto a una investigación en su contra instruida por el Ministerio Público sobre la presunta comisión de delitos contra la economía nacional, Parienti señaló estar dispuesto a declarar ante la Fiscalía Decimocuarta.
"Yo no estoy lavando dinero, no estoy huyendo, vivo en Panamá con mi familia", acotó.
Dijo que en cualquier momento que sea llamado por la justicia asistirá junto a sus abogados con la documentación que justifica todos los movimientos de dinero en sus cuentas bancarias.
"Pero creo que se debe bajar la presión, la guardia, porque yo no estoy aquí para robar", manifestó.
Según Parienti, esta investigación surgió luego que demandó al Banco Nacional de Panamá (BNP), durante la administración de Bolívar Pariente, por cambiar de manera unilateral las condiciones de financiamiento para un proyecto residencial de interés social.
Por otra parte, Panamá América consultó anoche sobre el tema a una fuente presidencial y ésta comunicó que el Gobierno mantiene información de que las autoridades francesas no planean involucrarse en este tema a los niveles que espera Parienti.
Añadió que el Estado panameño hará uso de los recursos legales a los que tiene derecho para defender sus intereses.
Mientras que otra fuente ministerial vinculada a la defensa del Estado informó que el Gobierno panameño espera que Parienti no recurra a este tipo de presión internacional.
Reiteró que una batería de abogados del Ministerio de Gobierno trabaja para obtener la nulidad del fallo.
El 10 de junio de 2002 se aprobó la concesión para construir la terminal. El 24 de diciembre de 2003 se ordenó suspender este documento para otorgar una nueva concesión al exgobernador de Colón, Hassam Salama.
En el arbitraje actuaron tres árbitros de nacionalidad panameña.
Francés amenaza con pedir bloqueo a Panamá
Sostiene que ya no le interesa realizar el proyecto ni alcanzar un "acuerdo amistoso" con el Estado panameño.