El nuevo problema de la Caja de Seguro Social (CSS) no se debe a una bacteria o al envenenamiento de pacientes.
Una serie de irregularidades acaba de poner al descubierto una red interna de la institución que se dedicaba a borrar cuentas morosas en el pago de la cuota obrero patronal y a cambiar el número de registro de las empresas.
Los funcionarios que ejecutaban los cambios recibían como pago el 10% de la deuda morosa que tenía la empresa beneficiada.
La acción mermaba directamente los ingresos del ya deficitario Programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la CSS.
¿Cuál es el monto del desfalco o evasión? ¿Desde cuándo operaba esta red dentro de la CSS? ¿Quiénes son los responsables? Estas son las preguntas que debe resolver la Fiscalía Auxiliar, que recientemente admitió la denuncia y procedió a intervenir en los departamentos responsables de llevar las recaudaciones de la cuota obrero patronal.
Sin embargo, solo en los tres primeros casos identificados la lesión a las finanzas de la CSS supera los 40 mil dólares.
La primera voz de alerta la dio una persona anónima a través de la oficina de recepción de denuncia del Consejo Nacional de Transparencia Contra la Corrupción. Fue así como la zarina, Abigail Benzadón, puso en conocimiento al director de la CSS, Guillermo Sáez Llorens, y ambos procedieron a interponer la denuncia al Ministerio Público.
La denuncia está enfocada en el delito de retención indebida de cuotas, delitos contra la administración pública y asociación ilícita.
Varios de los funcionarios que borraron los saldos morosos y cambiaron los números patronales de un grupo de empresas han sido identificados, pero la Fiscalía trata de encontrar más detalles antes de formular los cargos, revelaron fuentes judiciales.
En el expediente del caso solo se hace referencia a dos nombres de funcionarios de la CSS: Víctor y Pascual.
A pesar de ello, la denuncia sí hace referencia a empresas específicas que lograron cambiar irregularmente sus registros patronales iniciales a fin de evadir la morosidad existente desde que fueron inscritas por primera vez en la CSS. Incluso, se encontró que varios de las cuentas morosas fueron borradas, a pesar de que ya tenían un expediente en el juzgado ejecutor de la CSS.
Como parte de las pruebas que se anexan en la denuncia está el caso de la empresa Estructuras de Acero y Concreto (Esacon), que se inscribió por primera vez en la CSS en junio de 2007 con el número patronal: 87-400-69-87. Bajo ese número de registro, la empresa llegó a acumular una deuda morosa de cuotas obrero patronal por 19 mil 778 dólares, de acuerdo con el documento.
Sin embargo, entre 2010 y 2011 la misma empresa, Estructuras de Acero y Concreto (Esacon), logró cambiar en la CSS su número de registro patronal en tres ocasiones, dejando en el aire el saldo moroso que aparecía en el módulo de certificación de deuda de la CSS. Es decir, al cambiar el registro la empresa quedó liberada de la deuda automáticamente.
El último número de registro patronal de Estructuras de Acero y Concreto (Esacon) se le asignó el 9 de noviembre de 2011: 87-401-10873, reveló el expediente que tiene a su cargo la Fiscalía Auxiliar.
“Estas actuaciones resultan contrarias a la normativa de la CSS”, concluyó la denuncia de Benzadón y Sáez Llorens.
Los otros dos casos anexados a la denuncia que procesa la Fiscalía Auxiliar son los de Importaciones y Exportaciones García y Clorux El Torito S.A. En el expediente de Importaciones y Exportaciones García se registran tres cambios de número patronal, dejando extraviada una deuda morosa de 4 mil 169 dólares.
Igual sucede con Clorux El Torito, que entre el 3 de marzo de 2010 y el 3 de febrero de 2011 logra cambiar su número de registro patronal en tres ocasiones también. En este caso el número de registro original fue traspasado a la empresa Serviventas Sanjur, a la que le apareció una deuda morosa de 17 mil 218 dólares, según el expediente que reposa en la Fiscalía.
La administración de la CSS confirmó que todos los días la Fiscalía le está dando seguimiento a la investigación. “Lamentablemente por tratarse de un caso penal no podemos como institución dar información porque podríamos afectar la investigación, incluso invalidarla”, dijo la CSS a través de su departamento de Relaciones Públicas.
