La sugerencia de Gómez fue hecha durante la discusión de algunos proyectos de leyes que se mantienen en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, uno de los cuales busca hacer más estricta la supervisión de los bienes que poseen los funcionarios de alto rango al inicio y al término de su gestión.
A juicio de Gómez, la norma actual que obliga a la presentación de una declaración jurada de bienes sólo al inicio y al final de su período como funcionario, queda descalificada para los años subsiguientes, pues muchas cosas han podido cambiar desde el momento en que ésta se presentó.
Indicó que debe hacerse de obligatorio cumplimiento la actualización permanente del estado patrimonial del funcionario.
En este sentido, el presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge Hernán Rubio, manifestó que esta posición presentada por el diputado José Blandón recibió el rechazo por mayoría en el pleno, por considerarla como violatoria a la Constitución.
Sin embargo, para el diputado Blandón esta es la opinión de algunos colegas y no es el sentir de la procuradora ni de su persona, pues esta recomendación encaja dentro del marco constitucional, que señala la obligatoriedad de presentar las declaraciones a la entrada y a la salida del cargo, pero no dice que no se puede obligar por ley a que éstas se actualicen anualmente.
El artículo 394 de la Constitución Nacional estabece que al inicio y al término de sus funciones, ciertos funcionarios deben presentar una declaración jurada de sus bienes patrimoniales.
La norma incluye al presidente y vicepresidentes de la República, los magistrados de la Corte, a los procuradores, al contralor, al defensor del Pueblo y a los directores y gerentes de entidades autónomas, así como a los jefes de Policía, entre otros.
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