El secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), Leandro Avila, denunció ayer que algunos altos funcionarios están obligando a los servidores públicos de menor jerarquía a realizar cambios de residencia, para ganar adeptos en sus aspiraciones políticas.
Señaló que ha conversado ya con algunos trabajadores del Gobierno, quienes le han manifestado que son llevados en buses y obligados a cambiarse de residencia, con la amenaza de que si no lo hacen, serían despedidos.
Agregó que estos funcionarios lógicamente no pueden dar a conocer qué institución o qué funcionario los está presionando con posibles represalias, ya que esto podría hasta costarle el puesto de trabajo.
Afirmó que la organización está investigando la denuncia para determinar cuántos funcionarios se han visto presionados de esta manera y denunciar precisamente, y con las pruebas, a las entidades gubernamentales en las que se ha detectado este delito electoral.
Manifestó que por lo menos dos personas se han atrevido a acercarse a la FENASEP para denunciar tal anomalía, pero enfatizó que esta mala práctica no se está dando solamente con dos funcionarios, puesto que se están utilizando buses para llevarlos al circuito del futuro candidato para favorecerse.
En este sentido, el fiscal electoral, Gerardo Solís, precisó que aquellos funcionarios que se sientan presionados para que hagan cambios de residencias, deben presentar la denuncia formal en la fiscalía, para que el organismo pueda abrir un proceso de investigación.
Aseguró además que este es uno de los delitos electorales más investigados en este proceso pre electoral, ya que sólo desde enero pasado, la fiscalía ha estado investigando más de un centenar de casos.
Advirtió que aquellos funcionarios o políticos que obliguen a votantes a realizar cambios de residencia fraudulentos podrían ser sancionados con mil dólares de multa o tres años de cárcel.
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