Un custodio del Centro de Cumplimiento de Menores, una hora antes de que se registrará el siniestro el 9 de enero del 2010, anunció al médico del lugar que se preparara para proporcionar inhaloterapia, porque los policías iban a tirar bombas lacrimógenas.
Este aviso lo dio el custodio Alexander De Gracia, según las declaraciones del médico del centro de cumplimiento, Isaac Barsallos.
En la Vista Fiscal N.°104, Geomara Guerra de Jones, analizó este y otros testimonios y concluyó que los funcionarios públicos involucrados en el hecho tenían el deber constitucional de proteger la vida de los menores internos por disposición del Estado, y lo ignoraron. “Es evidente que los menores internos, en protesta, no representaban peligro”, añade.
La fiscal pidió el llamamiento a juicio para doce personas, nueve policías, dos custodios y la exdirectora del centro, por la comisión de los delitos contra la vida e integridad personal, homicidio en grado de tentativa y del delito contra la libertad en su modalidad de castigo infamante, vejación y medidas arbitrarias.
