La Fundación Libertad, de derecha, pidió hoy al gobierno de Panamá invocar la Carta Democrática para lograr que Nicaragua sea suspendida de la Organización de Estados Americanos (OEA) porque su gobierno ha roto el orden democrático.
La organización panameña, miembro de la Red Liberal de América Latina, expresa en un comunicado, al cumplirse el 10 de enero un año más del gobierno de Daniel Ortega, "su más profunda preocupación por el estado de la democracia en la hermana República de Nicaragua".
Tras listar una serie de hechos que "constituyen una ruptura del orden democrático en dicha Nación", como la ilegalización de partidos como el Conservador y el Movimiento Renovador Sandinista, negar la participación de observadores independientes en las elecciones municipales del 9 de noviembre pasado, señala que se debe invocar la Carta Democrática de la OEA.
Denuncia que también el gobierno ha usado recursos públicos para promover a los candidatos oficialistas, impedido el recuento de votos en las circunscripciones disputadas y lo ha hecho en secreto en otras, mientras turbas financiadas por la administración de Ortega han impedido las manifestaciones de los opositores y sus líderes perseguidos judicialmente.
"Basados en estos hechos, le exigimos al Gobierno Nacional que en el seno de la Organización de Estados Americanos invoque la Carta Democrática Interamericana", solicitando su aplicación para que se aparte a Nicaragua del seno de la organización por romper el orden democrático.
Agrega que "sólo mediante la efectiva aplicación de esta norma, la OEA podrá justificar su razón de ser y demostrar su vocación para proteger la soberanía de los pueblos de América".
La organización, presidida por Roberto Brenes, advierte que el gobierno panameño debe ser impulsor de la aplicación de la Carta Democrática para "evitar la repetición de las dictaduras y conflictos regionales, los cuales pueden afectar nuestra democracia y estabilidad interna, como ha sucedido en el pasado".
Los resultados de las elecciones municipales en Nicaragua son aprobados por el gobierno sandinista, que rechaza un recuento de votos, y rechazados por la oposición liberal, por considerarlos fraudulentos.
