Futuro de alcaldesa separada de La Chorrera se conocerá en 10 días

En un término de diez días se podrá conocer la suerte de la alcaldesa separada de La Chorrera, Libertad Brenda de Icaza, luego que el Tribunal Electoral (TE) desarrollará una audiencia en su contra por el caso de la destitución del subdirector administrativo del matadero municipal, David Toppin Chacón, quien fuera separado del cargo a pesar de gozar de "fuero electoral".
Toppin Chacón participó como candidato a un cargo de elección popular en el torneo electoral de 1999 y a juicio de Silvio Guerra, abogado del querellante, la alcaldesa incurrió en la violación de los artículos 232 y 326 del Código Electoral, por ende, pidió a los magistrados del TE emitir un fallo condenatorio contra la alcaldesa y pagar los salarios caídos a su defendido.
La audiencia se realizó en presencia de los magistrados del TE, el fiscal electoral Gerardo Solís, así como seguidores de la alcaldesa De Icaza y del funcionario destituido.
Guerra señaló que la defensa de la alcaldesa, quien estuvo representada por el jurista Carlos Carrillo, presentó testigos inconsistentes que demuestran que la denunciada incurrió en un delito electoral porque conocía del derecho de fuero electoral que protegía a Toppin Chacón.
Solicitó a los magistrados la pena máxima en contra de la alcaldesa separada por haber incurrido en dos delitos, como lo son la violación al fuero electoral y desacato a una orden del TE.
Según Guerra, el TE se caracteriza por emitir fallos rápidamente o también se puede acoger a lo que dice la ley que le da un plazo de diez días.
En tanto, el abogado Carlos Carrillo señaló que la alcaldesa De Icaza actuó correctamente porque se trata de no apadrinar actos dolosos o "botellas" en el municipio, en alusión a que Toppin no cumplía con sus funciones.
Concluida la audiencia, la alcaldesa separada se mostró confiada en la decisión que tomen los magistrados, pues su defensa fue hecha en "buena lid" y luego que se evalúe no tendrá duda que será absuelta.
Culminada la audiencia, los representantes legales de ambas partes tienen un plazo de cinco días para presentar de forma escrita sus alegatos y luego los magistrados tendrán un tiempo "razonable" para dictar sentencias, señaló el fiscal electoral, Gerardo Solís.