Dos pesados del sector privado en Panamá querían rescatar y quedarse con el proyecto del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS), reportó la ex embajadora de Estados Unidos Linda Watt, en abril de 2005.
Watt dijo que la familia Motta y la empresa Hutchison Whampoa, que opera los puertos de Balboa y Cristóbal en Panamá, “presionaron” para que se retomara el proyecto CEMIS y así poder hacerse del negocio multimillonario.
La ex embajadora detalló que los Motta estaban interesados en que se levantara la jurisprudencia que existe contra el CEMIS para entonces poder comprar parte o la totalidad del proyecto.
“Los Motta, junto con sus socios de Estados Unidos en el puerto de Manzanillo, ya están construyendo un nuevo parque logístico en los terrenos adyacentes al CEMIS”, señaló la diplomática en 2005.
Igualmente, Hutchison Whampoa, dueña de Panama Ports Company (PPC), quiere quedarse con el CEMIS, sostuvo el reporte de la Embajada de Estados Unidos.
Watt recordó que en el Gobierno de Mireya Moscoso el ex ministro de Comercio, Joaquín Jácome, exoneró a PPC del pago de 30 millones de dólares en impuestos, y que la administración de Martín Torrijos estaba tratando de anular esa decisión en la Corte Suprema de Justicia.
“Abundan los rumores de que enormes sobornos fueron pagados por PPC a Moscoso y a Hugo Torrijos, primo del presidente Martín Torrijos. Hugo Torrijos, conocido como El Señor 10%, ha sido implicado en por lo menos dos grandes escándalos de sobornos cuando ocupó la posición de director de la Autoridad Portuaria”, indicó Watt.
En enero de 2007, el propio presidente Martín Torrijos designó a un equipo para que mediara en una negociación para tratar de rescatar el proyecto CEMIS.
Las familias Falic (competidor directo de la familia Motta) y Harari estaban interesadas en comprarle los derechos del CEMIS al Consorcio San Lorenzo, que controla el empresario Martín Rodín.
Luego de casi un año de acercamientos, fracasaron las negociaciones para la cesión del contrato por parte del Consorcio San Lorenzo a las familias Falic y Harari.
El nuevo grupo tenía interés en comprar todo el proyecto, sin dejarle participación a la familia Rodín.
A cambio de la cesión del contrato, se contemplaba una compensación que las partes negociaban.
“Nadie en Panamá está claro en cómo va a acabar el CEMIS, o el porqué el Gobierno de Panamá solicitó a la Corte que se pronuncie sobre el caso cuando este Órgano del Estado parece ser incapaz de hacer justicia imparcial”, comentó la embajadora Watt.
Agregó que la decisión en espera de la Corte sobre la conveniencia de reabrir las investigaciones sobre el CEMIS y la compra de votos para la elección de dos magistrados llega en medio de las demandas públicas que pedían el despido de nueve jueces.
