El Consejo de Gabinete aprobó por “unanimidad” el anteproyecto de ley que pretende “rastrear” las llamadas desde celulares y teléfonos fijos, así como el uso de Internet y de correos electrónicos.
Una fuente oficial reveló a Panamá América que la decisión se tomó a primeras horas de la tarde de ayer, durante la reunión que sostuvo el presidente Ricardo Martinelli con sus ministros.
El proyecto 019-09 establece que “las empresas concesionarias de telefonía móvil, fijas, redes de comunicación y similares, que presten el servicio en el territorio nacional o desde él, tienen la obligación de conservar un registro de datos de sus clientes”.
Asimismo, en su Artículo 3 señala que la empresa deberá tener el registro de la hora, fecha y duración de la comunicación que establezcan todos sus clientes.
Mientras que en el acceso a Internet o uso de su correo electrónico, la concesionaria deberá contar con “la fecha y hora de la conexión”, la descripción del servicio de acceso a Internet y hasta el momento en que el usuario se desconecte.
Cambios.
La posible inclusión del Consejo de Seguridad en el anteproyecto de ley se "analiza" positivamente en el Órgano Ejecutivo.
El Secretario de Seguridad del Estado, José Abel Almengor, negó que la aprobación del anteproyecto sea para reemplazar el Servicio de Inteligencia, aprobado durante la gestión del ex presidente Martín Torrijos y que recibió el rechazo de la población que considera que se usaría para "espionaje".
El anteproyecto plantea en su Artículo 16 que la información sobre los datos de los clientes de las empresas telefónicas será de "carácter retroactivo", tras considerarse que es de "orden público y de interés social".
El documento indica que las empresas concesionarias deberán informar a sus usuarios la "obligación" de registrar y actualizar sus datos, presentando una certificación jurada en un plazo no mayor de un año.
De no seguirse esta norma, se les "suspenderá el servicio “sin derecho” a reactivación, pago o indemnización alguna".
Seguimiento.
Para el "rastreo" de las llamadas y comunicaciones desde nuestro territorio, se establece la utilización de una "etiqueta de localización" geográfica, al inicio de las comunicaciones.
La norma que se busca aprobar establece que las empresas telefónicas deberán tener la identificación internacional al igual que el registro del usuario cuando se realice una llamada.
Cuando sea en móviles de prepago, se obliga a las empresas a contar con la fecha y hora de la primera activación del servicio de etiqueta de localización.
Con respecto al acceso a Internet y a los correos electrónicos, se registrará el número de teléfono de origen, en caso de que sea mediante el marcado de números, y la línea digital del cliente.
Rechazo.
La presidenta ejecutiva de Transparencia Internacional, Angélica Maytín, indicó que este proyecto de ley vuelve a generar "suspicacia" en la ciudadanía que se siente vulnerable.
"Ojalá no se vuelva a repetir el error de otras administraciones de pretender legislar sobre seguridad ciudadana a espaldas de los ciudadanos", planteó.
Mientras que para el abogado y catedrático Miguel Antonio Bernal, la medida es "un atentado contra la democracia y una violación a la libertad de expresión".
Sostuvo que el anteproyecto es una "aberración" no sólo jurídica, sino política, ya que según mencionó se pretende establecer una vigilancia permanente sobre las comunicaciones.
