Pese a la oposición de importantes usuarios del Canal de Panamá, el Consejo de Gabinete aprobó una nueva estructura tarifaria de peajes de tránsito por la vía acuática, cambiando la actual fórmula que regía desde 1912 y que se basaba en un precio único para todas las naves.
De acuerdo con la propuesta que presentó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) al Consejo de Gabinete, la nueva medida representa un cambio en el sistema para fijar las tarifas en los peajes para la utilización de la vía acuática a partir del próximo 1 de octubre.
El Gabinete, en su sesión de ayer, aprobó la reestructuración de peajes, tasas y derechos por el uso del servicio conexo de locomotoras por el tránsito a través del Canal, que fue adoptada por la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), mediante el Acuerdo No.59 de 16 de agosto de 2002.
El documento establece, en el artículo tercero, que a partir del 1 de octubre de 2002 regirá una tarifa por el uso del servicio conexo de locomotoras, de acuerdo con la cantidad de cables requerida por las naves para transitar por las esclusas del Canal, a razón de B/. 200.00 por cable utilizado.
El propósito de fijar los derechos por el uso de los servicios conexos al tránsito por el Canal es ajustar las tarifas de estos servicios a niveles que comprendan los costos en que se incurre actualmente en la actividad.
A pocos días de conocerse la decisión, embajadores de países como Japón, el segundo usuario y de otras naciones como Corea del Sur, Chile, Ecuador, Perú y Bolivia, expresaron a la Cancillería panameña el peligro que representaba una medida en tal sentido, ya que se podrían encarecer los productos de primera necesidad, en momentos en que la economía mundial atraviesa por una recesión.
Esta nueva estructura tarifaria se implementará en dos etapas a partir del 1 de octubre del año 2002 la primera, y la segunda del 1 de julio del 2003, en un incremento promedio de 8% y 4.5%, respectivamente.
Según la ACP, el cambio que se propone se orienta a la fijación del peaje en razón del tipo y tamaño del buque y separa los costos en concepto del uso de locomotoras que en ese caso serán aplicables al acuerdo de las necesidades específicas de tránsito de cada nave.
A juicio de la entidad administradora de la vía interoceánica, el sistema adoptado "garantiza la igualdad de trato para todos los usuarios" y a la vez cumple con un precepto constitucional que establece que el Canal "permanecerá abierto al tránsito pacífico e ininterrumpido de las naves de todas las naciones".
Agrega que esta medida permite a la ACP ofrecer nuevos productos a los diferentes segmentos del mercado, al tiempo que se coloca en una posición de mejorar competitivamente el servicio que presta a sus usuarios, al tiempo que le permite implementar un programa de modernización.
Se establece en el proyecto que a partir de la entrada en vigencia de esta norma, sólo se permitirá que los fondos destinados a cada uno de los fines enunciados serán utilizados directamente en gastos relacionados y que estén incluidos en el Presupuesto General del Estado.
Por medio de este proyecto se establece que los excedentes de la recaudación del Seguro Educativo al cierre del año fiscal y cualesquiera otros que sean asignados constituirán un fondo único denominado Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), que será administrado por el Ministerio de Educación y distribuido entre las escuelas y colegios oficiales del primer de enseñanza o educación básica general y del segundo señal o educación media.
El legislador Jerry Wilson, autor de la Ley 13, el único que votó en contra del proyecto aprobado ayer, explicó que es una falacia porque nunca habrá excedentes, ya que la ley dispone que todos los fondos que genere el seguro educativo serán destinados a los fines establecidos y no hay lugar a sobrantes.
Al mismo tiempo, explicó que antes los fondos que se generaban por el seguro educativo se generaban para unas 268 escuelas secundarias, ahora el mismo dinero se destinará para más de 3,500 planteles primarios y secundarios.
Lo que quiere decir que el mismo monto de dinero se repartirá en un mayor número de planteles, es decir, que le tocará a más colegios, pero el monto será mucho menor.
Mientras que Eric Rodríguez, dirigente de la Coordinadora Nacional de Padres y Madres de Familia, expresó que están satisfechos con los cambios introducidos en esta materia y han calculado que le tocaría B/.40 a cada estudiante.
Sin embargo, expresó que no están de acuerdo con que la distribución se haga por estudiante, ya que eso perjudicaría a los planteles más apartados en los cuales la matrícula en mucho más baja.
José Ramón García, dirigente de los profesores, manifestó que con estos cambios se permitirá que todos los planteles del país, sin ningún tipo de restricción, reciban dinero para la reparación y el mantenimiento.
Destacó que éste es un cambio muy positivo, pues al final se logró aprobar un proyecto de ley que tuvo el aval de todos los actores del Diálogo Nacional por la Transformación de la Educación.
La ministra de Educación, Doris Rosas de Mata se mostró satisfecha con los cambios introducidos al proyecto original y reconoció que los mismos habían contribuido a mejorar la propuesta original. Salvo algunas excepciones, los legisladores en su mayoría habían contribuido a mejorar la propuesta original.
Mientras que el legislador Wilson se mostró también inconforme por la negativa de algunos sectores a aprobar una modificación que pretendía establecer que no se podía cobrar en los planteles públicos ningún monto en concepto de tómbolas, rifas u otros aportes que deben hacer los padres de familia a los planteles.
Insistió en que la idea original de la Ley 13 era eliminar el cobro de la matrícula en los planteles oficiales, pero se ha buscado la fórmula para obligar a los padres de familia a pagar rifas, tómbolas, laboratorios, informática y otros renglones que se constituyen en obstáculos para que los estudiantes puedan tener acceso a una educación gratuita como lo dispone la Constitución Nacional.
Queda pendiente para el período ordinario el proyecto de ley mediante el cual se crean y regulan las juntas regionales de educación, propuesta que será presentada ante el pleno de la Asamblea Legislativa la primera semana del mes de septiembre.
La ministra de Educación, Doris Rosas de Mata, indicó que se volverá a convocar la mesa del Diálogo, a fin de evaluar la propuesta que fue presentada ante el pleno de la Asamblea Legislativa y que no fue aprobada.
El legislador Elías Castillo, presidente de la Comisión de Educación, expresó la disposición de los legisladores a discutir el proyecto de ley sobre la descentralización de las juntas regionales de educación, una vez se inicie el período de sesiones ordinarias, el próximo mes.
Destacó que la intención es discutir de inmediato el proyecto de ley tan pronto sea consultado, pero destacó que al igual que se hizo en esta ocasión, si los legisladores consideran que se deben introducir cambios para mejorar la propuesta original, así lo van a hacer.
Castillo manifestó que desde un principio se declaró que no se impediría la participación a ningún sector que se mostrara interesado en la discusión de los proyectos de ley y por eso se extendió un poco más de lo programado la discusión del proyecto de ley en primer debate.
La ministra de Educación dijo que uno de los puntos de mayor conflicto en el proyecto de las juntas regionales es la designación de los directores, que en su opinión deben ser elegidos por concurso, pero tomando en consideración algunos requisitos extraacadémicos como la honorabilidad del profesional.
Indicó que el hecho de que los directores regionales actuales hayan sido elegidos por consenso, se constituyó en un obstáculo para su trabajo, porque en muchas ocasiones había directores con los cuales se les dificultó trabajar por diversas circunstancias.
Mientras que el legislador Wilson dijo que el proyecto a discutir en septiembre lo único hará será crear nueva burocracia que costaría al Estado hasta B/.10 millones anuales en pago de planillas y se creará un "mini" Ministerio de Educación en cada región.
Habrá que esperar hasta el próximo mes y los nuevos encuentros entre los participantes del Diálogo Nacional por la Transformación de la Educación para conocer la nueva propuesta y los cambios que se introduzcan, a fin de lograr el consenso entre los actores de las conversaciones y los legisladores.
