Sanciones de hasta 20 años de prisión para los menores de edad infractores, están contempladas dentro del proyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Gabinete y que será discutido en sesiones extraordinarias convocadas por la presidenta Mireya Moscoso del 21 al 28 de julio.
La mandataria anunció en conferencia de prensa que el primer proyecto de la legislación "Mano dura" reforma la Ley 46 del 2003 que contiene el régimen especial para los menores de edad.
Con la modificación, se elimina la sanción máxima de siete años de prisión para los menores que cometan delitos graves como homicidios, violaciones, secuestro, robo o tráfico de drogas, y se establece que los mismos deberán cumplir las mismas penas de cárcel que los adultos.
Asimismo, serán sancionados de manera igual por lesiones personales dolosas gravísimas o con resultado de muerte y terrorismo, tipificados en el artículo 137 del Código Penal.
Además, la sentencia para los menores ya no será discrecional de los juzgadores, sino obligatoria en un centro de cumplimiento.
"En los últimos días, hemos visto casos atroces de menores de edad que cometen homicidios, que son arrestados por la Policía y que luego son rápidamente liberados por los jueces, por su condición de menor de edad y sin ninguna consideración por la gravedad y su peligrosa conducta criminal", sostuvo Moscoso.
Reconoció también que existen menores que están siendo contratados como sicarios para cometer homicidios premeditados y a sueldo por la impunidad de que gozan "estos asesinos", dijo.
Mientras que los proyectos que buscan aplicar la cadena perpetua, endurecer las sanciones por tráfico de armas y drogas y la ley antipandillas, prometidas por Moscoso a principios de este mes, serán presentadas al Gabinete la próxima semana y luego llevadas a la Asamblea Legislativa.
La presidenta Moscoso estuvo acompañada durante el anuncio por el ministro de Gobierno y Justicia , Arnulfo Escalona y el director de la Policía Nacional, Carlos Barés.
Escalona y Barés defendieron la forma como se está realizando la Operación Mano dura, pidiéndole al Comité de Derechos Humanos y a la Defensoría del Pueblo que no juzguen la acción policial "a priori".
"Lamentablemente la presunción de inocencia de los policías no se le reconoce y para eso existe la Dirección de Responsabilidad Profesional, donde se investigan todos los casos denunciados, pero sí les digo algo, los delincuentes se amparan en los medios de comunicación para poner la denuncia y no se dice por qué se tuvo que usar la fuerza cuando ese sujeto se resistió al arresto para conducirlo", expresó Barés.
El jefe policial reclamó a estos organismos que deben ser objetivos y les preguntó si los derechos humanos no están también del lado de las familias afectadas por los delincuentes que privan de la vida a uno de sus familiares.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se opuso recientemente a esta medida, argumentando que sólo uno de cada diez delitos generales y dos de cada 100 graves (homicidios, robo, violación, secuestro, terrorismo, tráfico de drogas y lesiones personales), son cometidos por menores de edad.
Agrega la UNICEF que de cada diez pandillas juveniles nueve son lideradas por mayores de edad.
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