El Consejo de Gabinete aprobó ayer la Ley General de Puertos, que se convierte en el primer instrumento legal de su género que se admite en Panamá y que regula en iguales circunstancias, tanto a los actuales operadores como a los que se establezcan en el futuro.
Esta normativa, según el ministro de la Presidencia, Rubén Arosemena, reconoce la importancia de los puertos para el desarrollo del país, pero donde el Estado mantiene su rol regulador de la actividad aún cuando el servicio que se presta, se encuentra bajo administración privada.
El Consejo de Gabinete también aprobó un reconocimiento económico humanitario a los afectados por el envenenamiento de jarabes del Seguro con resultados sospechosos.
Esta medida beneficiará a los afectados, cuyo diagnóstico presentan discrepancias entre los dictámenes de la Comisión Patológica Institucional del Ministerio de Salud y el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público.
Asimismo, se autorizó la celebración del contrato de préstamo entre Panamá y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para promover el programa de catastro Metropolitano y Modernización de la Administración de Tierras, por la suma de hasta B/.27 mil.
